EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- Un ex integrante del Consejo Consultivo de Seguridad Pública en la Comarca Lagunera de Coahuila, fue aprehendido por agentes de la Policía Ministerial del Estado, por su probable responsabilidad en un delito relacionado con la compra-venta de terrenos en el ejido Ana.
Lucas Ramos Gámez, representante de la Cámara de la Unión Ganadera, fue remitido al Centro de Readaptación Social (Cereso), por mandato del titular del Juzgado Cuarto del ramo penal, a cargo de Pedro Limón Hernández.
Uso de documentos falsos es el delito que se le imputa al ex integrante del Consejo Consultivo que fungió como tesorero de la organización en la que estuvo vigente durante cinco años, hasta el mes de febrero de 2006.
En el litigio aparece como afectado Anastasio Esparza Sánchez, ejidatario de Ana, y quien estuvo a punto de ser despojado de 61.5 hectáreas al fabricarse un contrato de compra-venta de terrenos con todo y título de propiedad a nombre de Lucas Ramos mediante documentos falsos.
El delito que enfrenta el ex representante ciudadano no es calificado como grave y contempla una penalidad de uno a seis años de prisión y multa, según consta en el Artículo 297 del Código Penal de Coahuila.
Para encuadrar la figura delictiva la Ley señala a quien con el propósito de sacar provecho para sí o para otro, o de dañar o causar perjuicio a los bienes jurídicos de un tercero o de entidad pública; use un documento falso o alterado por otro; o una copia, transcripción o testimonio del mismo, sea público o privado; siempre y cuando conozca de la falsificación sin intervenir en ella.
El inculpado puede hacer válido el derecho a la libertad bajo fianza después de rendir su declaración preparatoria y la medida lo avala hasta que se dicte sentencia según proceda el caso.
Más casos
En diversas instancias del Poder Judicial obran al menos 15 expedientes o averiguaciones previas contra Lucas Ramos Gámez, algunos fueron resueltos y otros están en instrucción.
Nueve averiguaciones previas penales en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cuatro en el Tribunal Unitario Agrario del Sexto Distrito, y una más en el ramo civil.
El ex integrante del Consejo Consultivo de Seguridad Pública enfrenta cargos por delitos de índole patrimonial, más encaminados al despojo o uso de documentos falsos, según consta en los expedientes de 2001, 2003 y 2004.
