Un año después de haber asumido la jefatura del Gobierno del Distrito Federal, en Alejandro Encinas se encarna el dilema suscitado por la resistencia civil pacífica: donde quiera que ésta ha sido practicada, sus militantes se encuentran en la oposición, en la disidencia. No así en el Distrito Federal, donde la autoridad fue elegida a partir de los agrupamientos que resolvieron bloquear hace ya más de tres semanas el eje Reforma-Zócalo en el que, por otra parte, se había manifestado con notoriedad la eficacia de la Administración perredista. Encinas ha sido colocado en la delicada situación de gobernar una ciudad con intereses amplios y diversos, y manifestarse como militante de un partido que, como su nombre lo indica, los tiene parciales.
En rigor estricto, tendría que haber ordenado a la fuerza pública el desalojo de las vías donde hoy se impide la circulación, porque así lo dispone una ordenanza municipal emitida durante el Gobierno del mismo Andrés Manuel López Obrador que propuso la instalación de una asamblea permanente, a realizarse a partir del 30 de julio en 16 campamentos (más los 31 de la plancha del Zócalo) establecidos a lo largo del Paseo de la Reforma (desde el Anillo periférico y hasta Bucareli), la avenida Juárez y la calle Madero.
Encinas no hará que la Policía embata contra los manifestantes de la coalición Por el Bien de Todos. No lo hace, en primer lugar, por una convicción fuertemente arraigada en su experiencia de militante. Y, en segundo lugar, por conocimiento del carácter contraproducente que conlleva la política de fuerza: en abril, tropas policiacas federales y locales pretendieron desmontar el paro en la siderúrgica Lázaro Cárdenas, en Michoacán: dos personas murieron, muchas más resultaron heridas, y la suspensión de labores continúa, cuatro meses después.
El 14 de junio la policía oaxaqueña pretendió retirar de sus campamentos en el Centro histórico a maestros que desde el 22 de mayo anterior expresaban reivindicaciones salariales. El movimiento no sólo no cesó, sino que tras el fracaso de la operación policiaca la cabeza del gobernador Ulises Ruiz se volvió el objetivo de esa lucha, cada día más virulenta.
Encinas está en desacuerdo con el bloqueo. Y como ha resuelto no enfrentarlo con violencia, ha buscado paliar los efectos de la cancelación del tránsito, mediante diversas medidas. En ese propósito fue oportuna la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que ante la recepción de centenares de quejas, el 11 de agosto solicitó al Gobierno capitalino medidas precautorias urgentes ante la inminencia del regreso a clases. Pidió la oficina del ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, al Gobierno de la ciudad “exhortar de manera firme, respetuosa y sensible a las y los manifestantes para que dejen libre la circulación de las arterias colapsadas”. Propuso comenzar “por los cruces de Niza, Florencia, Missisipi con Paseo de la Reforma (glorietas de la palma, el Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora), Isabel la Católica y las laterales del Paseo de la Reforma (de la Fuente de Petróleos a avenida de los Insurgentes, de ésta a Bucareli, de éste al Eje central Lázaro Cárdenas y de este último al Zócalo para que de inmediato dejen libre la circulación de las mismas.
Lo anterior, sin menoscabo del legítimo derecho que tienen a la libre manifestación y expresión, sin afectar a terceros”. Encinas -y el secretario de Gobierno Ricardo Ruiz y el de Seguridad Pública Joel Ortega- ya se habían manifestado en esa dirección, por lo que sólo reiteraron tan exhortación, que finalmente fue parcialmente atendida. La sensibilidad demandada por la Comisión, presente en la autoridad requerida, no lo había estado en los manifestantes, que respondían con silencio o negativas a las cuerdas peticiones de los funcionarios, sus compañeros de partido.
Éstos no demandaban claudicar, sino proceder con sensatez. Como el patrimonio y la economía cotidiana de un gran número de personas, en que se concentra el efecto pernicioso del bloqueo, también han sido dañados los activos políticos del Gobierno capitalino y sus personeros. La anticipada admisión de una derrota que dista de haber sido declarada por el órgano competente, y la estrategia de movilización destinada a evitar que se consume la imposición de un candidato que no es tenido todavía como triunfador por quien puede válidamente decirlo, esa legítima pero a mi juicio contraproducente acción del activismo lopezobradorista milita, entre otros valores que deben ser preservados, contra sí mismo, contra su capacidad de Gobierno.
Encinas ha protagonizado este episodio con reciedumbre y congruencia. Hace veinte años, cuando dirigía el comité mexiquense del Psum, dijo a su entrevistador Héctor Delgado, que conversó con los dirigentes estatales de ese partido, primera ampliación electoral del Partido comunista mexicano (en que también militó Encinas), que “cuando hay que tomar decisiones hay que tomarlas sin titubear, y asumir la responsabilidad que implica tomar una resolución individual”.
Con el sentido del humor que lo caracteriza, agregó que “como ahora hay una sana dirección colectiva, hasta las decisiones personales creo que las tomo por consenso”. Encinas aceptó en 2002 pasar de la Secretaría de Economía a la posición subordinada de subsecretario de Gobierno. Y ahora admite la crítica pública por decisiones igualmente surgidas de la disciplina. Que no es, por supuesto, su única prenda personal.
