Por Leopoldo Ramos
El Siglo de Torreón
/ Agencias
SALTILLO, Coah.- Docenas de elementos del Ejército Mexicano y unos 500 policías estatales, ministeriales y municipales, se encuentran en alerta por las acciones de violencia que podrían ocurrir en Monclova a partir de mañana lunes.
Y es que el cambio en la dirigencia local del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) programado para el primero de mayo, llevaría a partidarios de Napoleón Gómez Urrutia -depuesto dirigente del gremio- y de Elías Morales Hernández -a quien el Gobierno Federal reconoce como líder del gremio- a enfrentarse -en el mejor de los casos- a golpes.
Por lo pronto el alcalde de Monclova, el priista Pablo González, ordenó la vigencia de la Ley seca desde ayer hasta la madrugada del martes. Mientras tanto, que el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, ha intentado a través del diálogo disuadir de acciones violentas a los dirigentes de ambos grupos en conflicto.
Como se ha informado, el problema empezó el 17 de febrero de este mismo año, cuando el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a cargo de Francisco Javier Salazar Sáenz, desconoció a Gómez Urrutia como máximo dirigente del SNTMMSRM.
Lo anterior ocurrió ante la sospecha de que Gómez Urrutia desfalcó con 55 millones de dólares a los trabajadores de Minera Cananea, quienes debieron acceder a la citada cantidad de dinero ante la venta de esta empresa.
La Secretaría del Trabajo dijo entonces que únicamente reconocería el liderazgo de Morales Hernández. Sin embargo, a partir de ahí los enfrentamientos entre seguidores de ambos líderes han sido recurrentes; en algunas empresas mineras y siderúrgicas estallaron huelgas y paros, como el ocurrido en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S. A. (Sicartsa), compañía propiedad de Grupo Villacero, donde un intento de desalojo a cargo de policías federales y estatales de Michoacán, dejó un saldo de dos trabajadores muertos y más de 60 lesionados.
Esta vez el riesgo de violencia se registra de nuevo en Coahuila y particularmente en Monclova. De hecho, manifestaciones de este tipo ya se presentaron en aquella ciudad durante el 11 y 12 del presente mes, justo cuando seguidores de Elías Morales acudieron a elecciones para nombrar a nuevos dirigentes en las secciones 147 y 288 del Sindicato.
Los partidarios de Morales se enfrentaron a golpes con los contrarios, quienes incluso llegaron al lanzamiento de piedras y al estallamiento de petardos. Lo anterior ocasionó que un obrero y un representante sindical resultaran con lesiones.
La situación ahora es más grave, particularmente por lo ocurrido en Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde las pugnas por el poder sindical llegaron incluso a la pérdida de dos vidas.
Para mañana lunes se espera que Carlos Abel Hernández Reyes y Héctor Javier Garza Martínez, asuman como secretarios generales de las secciones 147 y 288, respectivamente, tras resultar electos como tales en los comicios convocados por Elías Morales. Sin embargo, en ambas secciones mineras existen dos dirigentes electos, pues los representantes de Gómez Urrutia también hicieron lo propio.
De acuerdo a diferentes versiones, el enfrentamiento entre los grupos en conflicto se dará cuando ambos intenten tomar posesión de los edificios sindicales.
A lo largo de la semana, el Gobierno de Coahuila ha hecho reiterados llamados al diálogo, la conciliación y evitar enfrentamientos de violencia. También ha sido recurrente la advertencia del Gobierno a cargo de Humberto Moreira Valdés, en el sentido de que el conflicto entre mineros es producto de “la incompetencia” de la federación para atender el caso.
“El problema es que la Secretaría del Trabajo no ha podido resolver el conflicto; ha quedado desacreditada e incluso hasta inhabilitada para seguir atendiendo el conflicto”, aseguró el secretario de Gobierno, Oscar Pimentel.
Recordó que a principios de la semana el Gobierno de Coahuila pidió por escrito la intervención del secretario de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza, para que sea éste quien medie en el conflicto.
“Nosotros nos estamos dirigiendo al secretario de Gobernación para advertirle sobre el riesgo de violencia en Coahuila y para exigirle la inmediata solución del problema, que desafortunadamente ha pasado de ser un conflicto laboral a un problema político”, sentenció.
Pimentel consideró que “el Gobierno Federal se ha convertido en un factor de desestabilización y justamente el problema ha crecido por la parcialidad de la Secretaría de Trabajo”. El gobernador Humberto Moreira Valdés también alzó la voz en torno a este asunto y fue claro al denunciar que “el Gobierno del presidente Vicente Fox perdió absolutamente el control y se le salió de las manos el conflicto que la Secretaría de Trabajo inició con el Sindicato Nacional de Mineros”.
Lamentó que esta situación “afecta a los estados, quienes están cargando con culpas ajenas, particularmente de la federación” y se remitió a los hechos de violencia ocurridos en Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán.
“Lo que pasó ahí es un problema federal, pero el problema está afectando ahora al gobernador Lázaro Cárdenas Batel porque el asunto fue en su estado y bueno, Lázaro está ahora metido en un verdadero problema”.
Dijo que el Gobierno estatal busca “establecer condiciones de tranquilidad, de cordialidad en todo el estado, sobre todo en la región centro, que es en donde está latente el que pueda presentarse algún conflicto”.
El asunto —insistió— “es que todos estos enfrentamientos, toda esta división y encono entre grupos del Sindicato Minero son responsabilidad de la federación, son problemas federales que se dirimen en el estado”.
De su lado, la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), que aglutina a más de seis mil trabajadores sindicalizados, alertó y responsabilizó de los eventuales hechos de violencia al Gobierno Federal y pidió que la disputa por el control del Sindicato sea resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Ante la gravedad extrema que han alcanzado los hechos, cuando tenemos muertos y heridos de bala en una situación que no veíamos desde 1968, reiteramos la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso y ponga orden jurídico ante una escalada de ilegalidades que afecta a millones de mexicanos y lleva inestabilidad a todo el país ”, señaló a través de un desplegado que se publicó en varios periódicos de Coahuila y del país.
Y es que para AHMSA la Secretaría de Trabajo encabezada por Salazar Sáenz la que fomenta el clima de intranquilidad en el seno del gremio minero.
“Con profunda preocupación estamos viendo crecer día a día un ambiente de conflictos y enfrentamientos por la actuación de agitadores profesionales respaldados por la Secretaría de Trabajo y no queremos llegare a la pérdida de más vidas”.
Sin embargo, los intentos por evitar los conflictos resultaron infructuosos y el riesgo de violencia en Monclova nunca desapareció.
