Es probable que en los próximos días y aun en las próximas horas, concluya la tarea de Alfonso Navarrete Prida en la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Su precaria situación en ese cargo -no ha sido confirmado por el gobernador Enrique Peña Nieto, dizque por no ser necesario pues lo nombró el jefe de ambos, Arturo Montiel Rojas- se ha hecho más frágil todavía por la exposición pública de una nueva propiedad inmueble del ex gobernador, y por la insuperable parálisis de su oficina en el caso de Enrique Salinas de Gortari.
Con celeridad comprensible (porque se trataba de servir a su protector, que lo rescató del desempleo en que lo dejó de mal modo el general procurador general Rafael Macedo de la Concha), el jefe del Ministerio Público mexiquense despachó la averiguación previa originada por el conocimiento público de la fortuna de Montiel Rojas.
En octubre pasado, cuando el periódico Reforma dio a conocer que además de su cuantioso patrimonio en bienes raíces locales el entonces precandidato presidencial era propietario con su esposa Maude Versini de un espacioso departamento en una zona cara de París, Montiel Rojas se sintió vulnerable al punto de retirarse de la contienda interna de su partido.
Pero en enero debió sentirse aliviado cuando, inmediatamente después de su declaración, sin someter siquiera a verificación elemental los datos de su conmovedora biografía empresarial, el procurador declaró que no había delito que perseguir y envió a la reserva el caso, como etapa previa a su remisión al archivo, es decir al olvido.
Mas he aquí que Reforma, cuyos periodistas hallaron en Houston departamentos propiedad de un hijo de Montiel y otro de Marta Sahagún, y en Miami uno más de Roberto Madrazo, dio cuenta de una nueva propiedad del ex gobernador.
El martes pasado adornó la primera plana de ese diario el fastuoso domicilio español de la familia Montiel Versini. Es tan vasta la construcción que en enero pasado, cuando Javier Solórzano ofreció en su emisión informativa nocturna del canal 52 una primera aproximación al caso, dijo que se trataba de un hotel.
Según el solidísimo y documentado reportaje de Luis Méndez, corresponsal de Reforma, se trata de una casa de tres mil 355 metros cuadrados en la Costa del Sol, cercana a Cádiz. Situada en la principal avenida de Sotogrande, un lujoso balneario mediterráneo, la mansión de dos plantas está valuada en más de un millón 700 mil dólares.
Montiel no podrá alegar que “con los nervios” olvidó declarar ese bien, pues apenas tres semanas antes de su presentación ante el Ministerio Público, cuando enumeró la lista de sus propiedades, había pasado las fiestas navideñas en esa llamativa residencia, pintada a toda luz en color papaya, con su esposa Maude (que algo habrá contribuido al ahorro familiar pues como directora del DIF mexiquense gozaba de una paga considerable) y sus pequeños hijos gemelos. Más bien podrá negar que la casa sea suya, por más que Méndez recogió sobrada evidencia de que lo es.
Y es que formalmente la residencia es propiedad de una empresa inmobiliaria, Sotoestrella 2003, de la que no saben nada los corredores de bienes raíces en Sotogrande y que es una sociedad sólo en sentido formal, pues la totalidad de su capital pertenece a Avenstar Ltd., empresa británica que encargó a un despacho de abogados madrileños gestionar las autorizaciones para construir, lo que la firma jurídica hizo a través de otra empresa, Servitax.
En medio de esa intrincada red de propietarios puramente formales y representantes que se hacen representar es seguro que no aparezca el nombre de Montiel. Pero será muy difícil que esa deliberada ausencia sirva para eludir la petición generalizada de sacar de la reserva el caso, para recibir la ampliación de las denuncias del regidor José Luis Cortés y los 35 mil ciudadanos que a instancias de Germán Dehesa han buscado que se precisen las fuentes del inmenso capital raíz (y de otra naturaleza, también) del ex gobernador.
El aprieto en que la nueva revelación deja a Navarrete Prida se agrega a su fracaso en el caso de Enrique Salinas de Gortari, muerto en diciembre de 2004, aunque es necesario reconocer que en la frustración del interés ciudadano por conocer cómo se fraguó el trágico destino del hermano del ex presidente Carlos Salinas, Navarrete Prida ha estado acompañado por la Procuraduría General de la República, cuya Agencia Federal de Investigación ha sido incapaz de aprehender a miembros suyos involucrados en aquella extorsión y probable asesinato.
Precisamente para deslindar responsabilidades, el 20 de enero Navarrete Prida pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dirima el conflicto de competencias que ha servido para que la procuraduría a su cargo y la federal intenten desembarazarse de un asunto con implicaciones tales que, según el propio funcionario del Estado de México, la sociedad se estremecería al conocerlas.
Aunque la solicitud fue admitida, puede ocurrir que el Tribunal constitucional rehúse ocuparse de definir responsabilidades que están ya definidas en la Ley y por ello la Procuraduría mexiquense deba continuar su intervención en las averiguaciones y procesos en que participa, aunque estén involucrados en ellos agentes federales, cuya captura debe urgir o denunciar la omisión. En vísperas electorales (se renuevan ayuntamientos y el Congreso local dentro de un mes) a la causa del PRI le haría bien que el Gobierno mexiquense estrene procurador.
