La justicia electoral resolvió que Patricia Mercado, y no Víctor González Torres es el candidato de Alternativa a la Presidencia de la República. Resolvió también que era inválida la convocatoria a la asamblea nacional que los opositores a Mercado, la columna campesina de ese partido, realizó el fin de semana en Oaxaca. No ha concluido, con esas decisiones, el conflicto interno en el partido que es, en cierto sentido, un tercer intento por constituir un partido explícitamente socialdemócrata en México. En rigor estricto, debe decirse que es la cuarta vez que se buscar participar en elecciones con un sello de esa índole: en 1982 un partido con ese nombre presentó la candidatura presidencial de Manuel Moreno Sánchez, que había llegado a tener preponderancia en el PRI y fue de los primeros disidentes notables que se marcharon de ese partido.
Pero si nos referimos al núcleo social que hoy dirige Alternativa, encontramos que pretendió establecerse como opción electoral hace seis años, con Democracia social, encabezado por Gilberto Rincón Gallardo y hace tres con México Posible, ya con Patricia Mercado al frente. En ninguno de los dos momentos cristalizó el intento, pues los votantes no otorgaron su confianza a esos partidos y no les permitieron alcanzar el dos por ciento de la votación, requerido para mantenerse en la contienda electoral. En el tercer intento el grupo que había participado en los anteriores buscó reforzarse con una presencia campesina, al punto de bautizar el partido con los dos ingredientes que lo integraron: Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Esos componentes, sin embargo, chocaron por la candidatura presidencial y el control de las finanzas, que no son magras (82 millones de pesos) si bien enormemente inferiores aun a los recursos que manejan los partidos establecidos de menor tamaño, como el Partido del Trabajo y Convergencia.
Ambas fracciones antagonizaron al punto de sostener sendas reuniones del consejo político federado, de las que derivó el litigio que el viernes pasado resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La columna campesina interpretó la sentencia de ese órgano judicial no cómo la frustración de su propósito de hacer candidato a González Torres (con lo que el financiamiento público se canalizaría a la campaña legislativa, pues el Dr. Simi sufragaría el costo de la presidencial) sino como un atentado contra la regularidad de las elecciones.
Y, con una retórica en desuso, la concibió asimismo como un embate de clase contra los labriegos. A pesar que la asamblea reunida en Oaxaca no tendrá validez jurídica, los dirigentes del ala campesina anunciaron su decisión de mantenerse en la brega. González Torres, cuya candidatura sería refrendada en esta reunión y ya no puede serlo de ninguna manera, persiste en su afán de presentarse como un candidato ciudadano, e insta a la fracción rural de Alternativa a que sufrague por él. Si esa rama de dicho partido en efecto lo hace, diluirá la posibilidad de que Mercado alcance los votos necesarios para asegurar la permanencia de su partido en las elecciones, y con eso harán que se cumpla la profecía que ellos mismos hicieron, que su candidata carece de arrastre suficiente para garantizar el registro de Alternativa.
Pero su voto por González Torres será estéril, porque los sufragios que lo favorezcan aparecerán como emitidos por un candidato no registrado y carecerán, por lo tanto de consecuencia jurídica alguna. A la fracción campesina de Alternativa le queda la alternativa de mantenerse dentro del partido.
Se previnieron para poder hacerlo sin desdoro de su posición desde que, al plantearse el conflicto interior, anunciaron que acatarían los fallos de la justicia electoral.
En este momento no lo han hecho y, al contrario, han denostado al Tribunal. Llamaron a sus fallos “actos de vergonzoso autoritarismo disfrazados de legalidad”, e incluyeron al Trife entre las “instituciones diseñadas para aplicar la Ley que terminan por utilizarlas para beneficiar a camarillas de poderosos”.
Agregaron que “cuando un Tribunal es capaz de torcer la Ley para que las cosas queden como el stablishment lo solicita, su servilismo deja de tener límites”.
Pero los dirigentes del ala campesina podrían deponer su rijosidad y reconocer las sentencias y cambiar de frente de batalla. Pueden convenir con la rama socialdemócrata las candidaturas a senadores y diputados, y de esa manera reequilibrar el poder interno, pues de lo contrario dejarán a sus adversarios el control del partido y de los dineros, cuya disponibilidad ya los enfrenta sin que la autoridad electoral se haya manifestado y que podría enconar el problema. Un avenimiento entre rivales no es imposible, sobre todo cuando no los separan ideas sino intereses, que sea posible conciliar.
Por lo pronto, el ala campesina se ha regodeado en la protesta a la más antigua usanza, una denuncia cuyo lenguaje huele a viejo: “quien sea el que gane el próximo dos de julio -dice su dolido mensaje titulado “A todos los mexicanos con sed de justicia”- deberá enfrentarse a un grupo de juzgadores al servicio de alguien cuya identidad dejará de ser desconocida cuando emita la última sentencia y siente en la silla presidencial a quien orden el Tribunal. No importará a quién le asiste la Ley o la razón; lo único que importará es la decisión. Lo demás será justificación”.
“La injusticia cometida contra nosotros hoy, será la cometida contra el pueblo de México mañana”.
