La democracia mexicana es una de las más caras del mundo, sin embargo, lo más preocupante no es su costo, sino que no ha ayudado a mejorar los gobiernos o la calidad de vida de los ciudadanos.
Según datos de una revista especializada, durante esta jornada electoral se gastarán más de mil 200 millones de dólares, lo cual es 24 por ciento mayor que el presupuesto nacional de un país como Nicaragua, 28 por ciento más alto que el de Guatemala y 32 por ciento más grande que el de El Salvador.
Así, especialistas plantean que, en años no electorales, el IFE entre en un periodo de “hibernación” con la intención de reducir costos en sueldos, electricidad, vehículos, papelería y teléfonos.
Entre tanto, ciertos politólogos aseguran que se debe “blindar” a los partidos políticos y sus candidatos contra la penetración del narcotráfico y otras fuentes de financiamiento ilegal de las campañas, otros advierten que el exceso de dinero tampoco los inmuniza contra la corrupción. Además consideran que el derroche en los procesos electorales se explica ante la desconfianza de los ciudadanos y entre las propias instituciones.
El costo es elevado, pero no sólo por el dinero sino porque en realidad no se refleja en una mejor calidad de vida de los ciudadanos, en instituciones más eficientes y en gobiernos más eficaces y transparentes.
La ciudadanía debe exigir que su dinero sea bien invertido a través de una rigurosa fiscalización a los partidos políticos y sus candidatos, pero además debe tener una mayor participación para demandar que el presupuesto asignado se vea reflejado en su beneficio, para que el alto costo si bien no se reduzca, al menos se justifique.
