Espera el Gobierno colombiano la entrega voluntaria de los líderes de las AUC.
NOTIMEX
BOGOTÁ, COLOMBIA.- El Gobierno colombiano advirtió ayer que capturará ?por la fuerza? a los jefes paramilitares desmovilizados que se abstengan de acatar la orden dictada por el presidente Álvaro Uribe Vélez de presentarse ante la justicia.
El recién asumido ministro del Interior, Carlos Holguín, dijo que esperan la entrega de la totalidad de los jefes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ?pero si no lo hacen serán llevados por la fuerza?.
Uribe Vélez ordenó el miércoles pasado detener a la cúpula del grupo ultraderechista, en un intento por devolverle la credibilidad al proceso de desarme de las AUC iniciado en 2004 y en el marco del cual dejaron sus armas más de 30 mil paramilitares.
Algunos de los jefes de las AUC aceptaron esta semana ser conducidos a unidades policiales bajo custodia de las autoridades, mientras que otros prefirieron presentarse de manera voluntaria en los cuarteles.
Según el Gobierno, la medida afecta a más de 30 líderes de la organización armada ilegal, de los cuales sólo 14 están recluidos desde el miércoles pasado en unidades policiales que cuentan con una fuerte vigilancia de agentes del Estado.
Holguín dijo que el Fobierno colombiano tiene confianza que ?poco a poco? se presentará el resto de los jefes paramilitares a las unidades policiales, aunque advirtió que, ?si no lo hacen, habrá que tomar medidas para llevarlos a la fuerza?.
Medios de prensa locales denunciaron esta semana que los líderes paramilitares, que están acusados por organizaciones humanitarias de cometer múltiples violaciones a los derechos humanos, se paseaban sin problema por las calles de Colombia.
DENUNCIAN FALTA
DE GARANTÍAS
Las AUC, que serían responsables de la muerte de más de cuatro mil civiles en Colombia según las entidades civiles, denunciaron por su parte la existencia de una falta de garantías jurídicas para los desmovilizados.
Según la organización paramilitar, la Ley de Justicia y Paz, que regula el desarme impulsado por el Gobierno, fue modificada en mayo pasado por un fallo de la Corte Constitucional de Colombia, la cual recortó los beneficios ofrecidos a los reinsertados.
Ese Tribunal determinó que quienes se abstengan de confesar la totalidad de los delitos, y de reparar a las víctimas, perderán los beneficios establecidos en la Ley, como penas bajas de prisión y su reclusión en fincas agrícolas.
Las AUC iniciaron en 2004 negociaciones con el Gobierno de Uribe Vélez para desmontar su aparato militar a cambio de condenas menores y la seguridad de que serán juzgados en Colombia y se negará su extradición a Estados Unidos para ser juzgados por narcotráfico.
Colombia vive un conflicto armado interno desde hace 41 años, donde se enfrentan la guerrilla, los paramilitares, narcotraficantes y tropas oficiales y que deja un saldo superior a los 100 mil muertos en ese periodo.
