Esta semana de Pascua comienzo con una serie de columnas sobre las políticas públicas que ofrece Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quién tendrá sin duda muy ocupada a la mano generosa del Gobierno si gana las elecciones presidenciales el dos de Julio, aún cuando muchas de sus propuestas carezcan de financiamiento sano, se traduzcan en un desperdicio de recursos, o sacrifiquen usos alternativos que son socialmente mucho más rentables.
En esta ocasión comento uno de sus compromisos que más éxito político han tenido y que puede ser visto con buenos ojos en el Congreso. Se trata de la pensión alimentaria para los adultos mayores de 70 años, que seguramente despierta mucha simpatía entre los electores. El documento de apoyo de este compromiso lo respalda con innumerables justificaciones de carácter moral y ético, aparte de que apela a los más nobles sentimientos del ser humano. Ningún legislador o partido político querrá hacer ?el oso? de mostrar ?insensibilidad social? ante los ancianos. Está por verse, sin embargo, si los integrantes de la próxima legislatura serán cómplices de lo que sería un ejemplo de generosidad irresponsable o, por lo menos, tomarán medidas para acotarla y evitar así un dispendio innecesario de recursos.
La justificación de los defensores de la pensión alimentaria proviene, en parte, de que ?todos los países desarrollados cuentan con sistemas de pensiones, estructurados de distintas maneras, que garanticen por lo menos una pensión básica a los adultos mayores?. Se dice que ?México tiene un ?bono demográfico? muy considerable durante las próximas décadas y puede sustentar el costo de una pensión universal?, mediante la cual todos los mayores de 70 años reciban ?un medio salario mínimo hayan o no hecho aportaciones e independientemente de su situación económica?. En palabras del documento, hay ?condiciones óptimas para la construcción de instituciones de protección social dado que los potenciales contribuyentes a estas son muchos más que los que necesitan de sus beneficios?.
El argumento central para mostrar que habrá recursos suficientes para financiar este programa es que el número de personas que se incorporará a la fuerza de trabajo en los próximos 25 años es mayor que las que serán dependientes de ellas, considerando como tales a los menores de 15 años y los mayores de 70 años. Este planteamiento, sin embargo, es mañoso e incompleto.
Es mañoso porque incluye en el índice de dependencia a los menores de 15 años para mostrar que disminuye en las próximas décadas. La comparación válida no es esa, ya que los recursos que tendrán que aportar de manera coercitiva las presentes y futuras generaciones al erario serán para solventar las pensiones de los mayores de 70 años. Por tanto, la manera correcta de determinar la carga sobre la población económicamente activa y mostrar que esta propuesta nos llevará en el futuro a enfrentar problemas similares a los que hoy tienen los países europeos, es calcular la dependencia considerando solamente a los mayores de 70 años.
Usando las mismas cifras que aparecen en los documentos de AMLO vemos que en 2005 existían 19.55 personas entre los 15 y 69 años por cada una de 70 o más años. En 2030 esa relación habrá disminuido a 8.94 personas. Es evidente que la carga sobre los que estarán en activo será más del doble de la actual, y las fricciones que hoy vemos en los sistemas de pensiones de los países avanzados se verán en nuestro país. Y son precisamente esos problemas potenciales los que descubren lo peligrosamente incompleto del argumento de AMLO.
Quiero dejar en claro que coincido con la necesidad de diseñar esquemas de pensiones que, con un financiamiento sostenible, sean una ayuda para los adultos mayores cuya situación económica no les permite llevar con dignidad los últimos años de su vida. El problema está en que la propuesta de AMLO no se limita a los adultos pobres o marginados, sino que es universal.
No hay razón moral, ética y menos económica para proponer que dicha pensión sea para todos, ya que personas con algún otro tipo de pensión, o cuya situación económica es holgada, recibirían recursos que bien pudieran ser utilizados en atender necesidades más apremiantes, o en última instancia, dejarse en manos de los contribuyentes.
AMLO justifica su propuesta con la existencia de sistemas de pensiones en países desarrollados, pero no menciona que dichos sistemas están actualmente en crisis de insolvencia, precisamente porque hace 50 o más años arrancaron con las mismas premisas que ahora plantea para nuestro país. En efecto, en esa época los jóvenes en Europa eran muchos más que los ancianos, y los sistemas de pensiones se diseñaron con un esquema de reparto, donde los trabajadores en activo sostienen con sus cuotas a los jubilados. El paso del tiempo mostró el error de este esquema, que en la actualidad tiene en serias dificultades a las finanzas públicas de esos países.
Es preocupante que AMLO y sus colaboradores ignoren o escondan esta realidad. Es cierto que hoy día tenemos un ?bono demográfico?, como una vez existió en Europa, pero es irresponsable proponer para México las mismas estrategias que minaron considerablemente la salud fiscal de esos países, y que de aplicarse en el nuestro llevarían a un severo problema social y financiero, cuando las nuevas generaciones no estén dispuestas a pagar los impuestos crecientes que se requerirán para sostener a los adultos mayores de 70 años.
Espero, por tanto, que si AMLO gana las elecciones, la próxima legislatura tome en cuenta estos problemas y proponga un mecanismo sano de financiamiento, limitando los beneficios a las personas mayores de 70 años en situación de extrema pobreza que no cuenten con algún otro tipo de pensión.
