Desechan proyecto de sentencia que declaraba la no-existencia de violaciones graves contra la periodista.
Agencias
MÉXICO, DF.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el proyecto de sentencia del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia que proponía declarar que no existieron violaciones graves a la Constitución en el caso de Lydia Cacho y en cambio resolvió ampliar las investigaciones a fin que se indague la participación del gobernador de Puebla, Mario Marín, en una presunta concertación para perjudicar a la periodista.
Desde el pasado 18 de abril la SCJN creó una comisión integrada por los magistrados federales Emma Meza Fonseca y Óscar Vázquez Marín, para que investigaran si se existieron violaciones graves a las garantías constitucionales en la detención y procesamiento penal de Lydia Cacho de que fue objeto en diciembre de 2005.
En esa ocasión la periodista fue detenida en Cancún y trasladada a la ciudad de Puebla para enfrentar un juicio penal que inició en su contra, por el delito de difamación, el empresario Kamel Nacif, quien fue mencionado en el libro Los Demonios del Edén, de Cacho, como uno de los integrantes de la red de pederastas.
A partir del 19 de abril, la comisión integrada por los dos magistrados se dio a la tarea de recopilar toda la información que consideraron pertinente sobre este caso.
Una vez que concluyeron su tarea entregaron un reporte sobre sus investigaciones, el cual se le turnó al ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia para que elaborara un proyecto de sentencia.
De la revisión del expediente, Ortiz Mayagoitia elaboró un proyecto de sentencia en el que concluyó que no se habían presentado violaciones graves a las garantías constitucionales, ni existían elementos para considerar que se registró alguna acción concertada o confabulación de servidores públicos para perjudicar a Cacho Riveiro.
Pero, después de dos sesiones, su propuesta fue desechada por la mayoría de ministros, porque estimaron que la investigación que hicieron los magistrados era deficiente e incompleta, pues en la misma no se incluyó ni se indagó al gobernador Mario Marín, ni la posible ingerencia que pudo haber tenido la Procuraduría General de Justicia y en el Poder Judicial de su estado para beneficiar a Kamel Nacif.
El voto mayoritario lo integraron los ministros José de Jesús Gudiño, Juan Silva, José Ramón Cossío, Sergio Valls, Juan Díaz y Margarita Luna Ramo, quien había apoyado a Ortiz y fue convencida de lo contrario en el último minuto.
Al igual que Ortiz, el ministro Sergio Aguirre y el presidente de la SCJN, Mariano Azuela, consideraron que no era posible investigar al llamado ?Gober precioso? basados en una prueba ilegal como lo son las grabaciones de las llamadas telefónicas que sostuvo con Kamel Nacif para tratar el tema de la detención de la periodista.
?Que quede bien claro, yo no estoy por la impunidad?, aseguró Ortiz Mayagoitia, quien explicó si bien ?en el fondo de esta investigación, subyacen derechos humanos de una persona muy respetables?, a la Corte no le toca realizar esta labor.
?Afortunadamente, hay otros cauces, para hacer valer su respeto, o para pedir la restitución y hasta reparación?, dijo. Pero no logró convencer a sus compañeros.
Debido a que el proyecto inicial de Ortiz Mayagoitia fue desechado, el Pleno aprobó turnar el asunto al ministro José de Jesús Gudiño Pelayo a fin que éste presente un nuevo dictamen en el que se determine y especifique cuáles serán las líneas de investigación que se deberán seguir para aclarar este caso.
Una vez que Gudiño Pelayo elabore dicho proyecto, para lo cual no existe plazo alguno, el asunto tendrá que ser nuevamente discutido en el Pleno del alto Tibunal, pues existen posturas encontradas sobre los alcances que debe tener la nueva averiguación.
Uno de los puntos que quedó pendiente de discutir y que será motivo de análisis en cuanto esté el nuevo dictamen, es si la Corte ordena que se investigue también la existencia o no de una red de pederastas y pornografía infantil en el país, protegida por funcionarios públicos.
Satisface a Marín fallo
El gobernador Mario Marín expresó su satisfacción por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ampliar la investigación del caso Cacho para determinar su responsabilidad en las presuntas violaciones a la periodista.
En un mensaje a los ciudadanos poblanos, el mandatario dio la bienvenida a la prolongación de la indagatoria, porque, sostuvo, a todos conviene conocer la verdad.
?Desde un principio hice pública mi confianza en las leyes, en sus procedimientos y en sus instituciones para aclarar dicho asunto.
?Hoy reitero mi convicción de que sus decisiones siempre estarán apegadas a derecho. En este sentido, la ampliación de la investigación es bienvenida, pues llegar a la verdad nos conviene a todos?, refirió Marín.
Al inicio de su mensaje, el titular del Ejecutivo en Puebla recordó que durante cinco meses la Corte investigó la presunta violación a las garantías de Cacho, pero, relató, para la mayoría de los ministros resultó insuficiente.
Acusa Nacif a su ex esposa de grabar conversaciones
El industrial textil Kamel Nacif acusó a su ex esposa Irma Benavides de haber grabado en forma ilícita sus conversaciones telefónicas, para obtener concesiones ventajosas en la negociación de la liquidación de una supuesta sociedad conyugal, que hoy se encuentra en litigio.
En una carta publicada en diarios de circulación nacional, el empresario Kamel Nacif asegura que fue extorsionado por su ex esposa con las cintas que desde hace años obran en su poder, lo que le ha representado un grave daño moral.
En el documento el llamado ?rey de la mezclilla? explica que el abogado de su ex esposa, Javier Olea Peláez, propuso la semana pasada un arreglo a sus defensores, consistente en el pago de 25 millones de dólares a Irma Benavides, a cambio de no divulgar las cuatro grabaciones que aparecieron en medios informativos.
?Toda vez que evidentemente me negué a la extorsión que pretendían los representantes de la señora Irma Benavides, entregó y divulgaron las tres cintas publicadas el martes pasado?, indica Nacif en su carta y explica que las cosas no terminaron ahí:
?La transacción que propuso el abogado Javier Olea Peláez por conducto de los señores Efraín Cárdenas y Eduardo Amerena fue rechazada en el momento mismo en que les fue notificado a mis representantes legales y acto seguido se amplió la amenaza con la declaración de que se me informara que me atuviera a las consecuencias.?
Kamel Nacif expresa además su vergüenza frente a sus hijos, nietos, amigos y toda la sociedad por el lenguaje soez, vulgar, majadero y pendenciero que acepta haber utilizado en esas conversaciones; ?pero quiero aclarar que toda la vergüenza y la infamia que hoy padezco deriva de grabaciones obtenidas ilícitamente?.
En la misiva, el empresario textilero reitera que mantiene su procedimiento legal contra la periodista Lydia Cacho, como presunta responsable de la comisión de los delitos de difamación y calumnia en los estados de Puebla y Quintana Roo, anticipando que respetará la resolución judicial definitiva, cualquiera que sea su sentido.
Admite Gamboa hasta siete llamdas con Nacif
El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa adelantó que hay ?seis o siete? conversaciones más con el empresario textilero Kamel Nacif, por lo que no descarta que surjan nuevos escándalos.
Sin embargo, reiteró que no sostiene ningún tipo de relación con el empresario, más allá de lo que se dio a conocer en días pasados, pero dijo que hay más llamadas realizadas en lo que va del sexenio foxista.
?Puede hacer muchas más grabaciones, creo que con Kamel hablé seis o siete veces, no tengo ningún otro trato, les dije que fue una llamada inoportuna, yo me arrepentí y no sé si tenga o no tenga, hablé seis o siete veces más con el señor, no tengo ninguna relación?, explicó el hoy presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.
En tanto, la fracción del PRD en la Cámara de Diputados analizará con lupa las acciones y decisiones del priista Emilio Gamboa, a partir de que fuera electo presidente de al Junta de Coordinación Política.
