El corto horizonte de planeación con que
cuentan los presidentes municipales implica una cantidad de problemas no solamente
de índole político, relacionados con la
supervivencia de su partido, sino de problemas que afectan el bienestar de la población.
Un presidente municipal cuenta estrictamente con tres años para su administración, y dada la falta de un servicio civil de carrera confiable, normalmente tiene que depender de un buen número de amigos y personas de confianza para los puestos clave en la administración pública. Durante las campañas se adelanta una serie de promesas sobre acciones, programas y políticas, para los cuales en rara ocasión se cuenta con los recursos.
Como es natural, cada nueva administración desea deslindarse de la anterior, en especial si es de otro partido, lo cual implica toda una serie de obras que quedarán inconclusas y posiblemente mal acabadas. Asimismo, muchos de los problemas relacionados con el uso del suelo y la planeación urbana se derivan de la corta duración de los mandatos, del cambio frecuente de funcionarios, y de programas y del poder de los grupos dominantes.
En suma, los problemas invariablemente redundan en una ineficiente asignación de recursos, mal uso de ellos, ya sea por malas decisiones, obras de mala calidad o por corrupción. Si bien, como podrían pensar algunos aguzados lectores, ahora se puede ver obra pública en los municipios, ésta fundamentalmente se debe a los recursos federales etiquetados para estos fines, ya que su uso y disposición sí está sujeto a reglas de transparencia y rendición de cuentas bien definidas, en contraste con los recursos propios de las administraciones municipales, de los cuales rara vez se le rinden cuentas a la sociedad.
Usar mal los recursos escasos afecta a la sociedad y su bienestar, ya que el rendimiento social de los mismos disminuye cada vez que un programa u obra es recortado, cambiado o mal concluido. Iniciar un programa público, por ejemplo, la ampliación de la red de agua potable, o un programa de tratamiento de aguas residuales, para dejarlo inconcluso en dos años más, eleva el costo de operación de los mismos, si no alcanzan la escala de operación deseable, si se cambia el diseño o si su construcción fue realizada con materiales de mala calidad. Los problemas de inundaciones que se observan en algunos lugares en la época de lluvias, las fugas de agua o la falta de un flujo continuo del líquido a algunas horas es el reflejo de este tipo de problemática, dejando claro que en todos los casos es el bienestar de la sociedad el que es afectado en primera instancia.
Los problemas derivados del cambio frecuente de funcionarios de Gobierno afecta también el bienestar de la población, ya que cada nuevo funcionario, tan sólo con implantar un nuevo estilo, afecta los resultados de su gestión, veamos. Si bien existen manuales de procedimientos y formatos establecidos para las diversas funciones y trámites que el público realiza ante las dependencias, nada impide que la nueva administración, esto es, jefes y subordinados, cambien los procedimientos y formatos sin previo aviso, o bien añadan nuevos. Es raro, si no es que imposible, que una nueva administración disminuya trámites o formatos. Lo que esto implica es, por lo general, una mayor cantidad de tiempo para realizar trámites, acompañada de otros costos necesarios para un buen cumplimiento de los trámites y de su seguimiento, ya que dichos trámites rara vez se realizan una sola vez.
En las visitas sucesivas de supervisión, o en las actualizaciones o renovación de permisos, licencias y autorizaciones se requiere, asimismo, otro tipo de papeles y anexos que deben acompañar cada una de estas instancias. No es únicamente el costo del mayor tiempo invertido en cada trámite lo que perjudica a la sociedad, sino la recurrencia de los mismos y el número de anexos y demás papeles que deben acompañar cada petición. En la medida en que la administración dure en el cargo, o en la medida en que los cambios de servidores públicos se hagan menos frecuentemente, con un servicio civil de carrera, se reducirá el número de cambios, añadiduras e innovaciones que afectan el bienestar de la sociedad, sin necesidad de ampliar la duración del encargo de los presidentes municipales y sin permitir la reelección.
Los problemas con la rentabilidad social de las obras y proyectos municipales podrán reducirse en la medida en que se permita la participación de la sociedad en las decisiones. Una junta plural de decisión permitiría o abriría el espacio para que especialistas evaluaran y certificaran la rentabilidad de los proyectos, así como su viabilidad técnica y financiera. La toma de decisiones en pequeños comités cerrados y poco transparentes abre el espacio para todo tipo de ineficiencias, desde las fallas técnicas, los malos controles de calidad y la corrupción, todo lo cual implica una desviación de los recursos de la gente y una pérdida neta de bienestar colectivo, independientemente de los problemas que genera el dar origen a una clase ociosa que vive del rentismo improductivo. Resulta obvio que este mecanismo se redondearía y se ganaría en bienestar, en la medida en que se instaure el servicio civil de carrera, que garantice la rendición de cuentas y la transparencia.
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