Determina la Diputación Permanente que las comisiones de Gobernación y Hacienda presenten los dictámenes.
El Siglo de Torreón
SALTILLO, Coah.- El tema de los cobros indebidos ocurridos durante las dos últimas Administraciones municipales de Torreón -encabezadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), respectivamente- llegó al Congreso del estado a unas semanas de que inicien de manera formal las campañas electorales para elegir presidente de México, diputados federales y senadores.
Mientras en la sesión legislativa de ayer diputados panistas exigieron a la Contaduría Mayor de Hacienda fincar responsabilidades en contra del ex alcalde priista Salomón Juan Marcos Issa, por la aplicación indebida del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, los legisladores del PRI reaccionaron al plantear el rechazo a las cuentas públicas de 2005, cuando el panista Guillermo Anaya -entonces alcalde- cobró de más a los contribuyentes del Impuesto Predial.
Sin embargo, en ambos casos la Diputación Permanente determinó que sean las comisiones de Gobernación y Hacienda las que presenten los dictámenes correspondientes.
Primero, el grupo parlamentario del PAN presentó una propuesta de punto de acuerdo para que el Congreso estatal investigue ?el cobro indebido del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles que llevó a cabo el municipio de Torreón en la Administración 2000-2002 -encabezada por Salomón Juan-Marcos-, en contra de BBVA-Bancomer con motivo de la fusión de dicha sociedad con Inmobiliaria Bancomer?.
También pidieron que el Poder Legislativo deslinde ?las responsabilidades que correspondan a los ex funcionarios públicos del municipio de Torreón? siendo éstos el ex presidente municipal, Salomón Juan-Marcos Issa, el ex tesorero, León Urow Nowaiski y el ex director de ingresos, Enrique Mota Barragán.
Y es que los legisladores panistas se refirieron al litigio promovido por la institución bancaria en contra del Ayuntamiento ya que en la fusión de su sociedad, el Gobierno de Juan-Marcos Issa aplicó una tasa del tres por ciento en el citado impuesto, cuando lo correcto debió ser el 1.5 por ciento, de acuerdo con la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso estatal para el ejercicio de 2002.
Explicaron que BBVA Bancomer ganó una serie de amparos y actualmente exige la reposición del daño, por lo que el Ayuntamiento deberá erogar varios millones de pesos para resarcirlo.
A propuesta de los diputados locales del PAN José Ignacio Máynez Varela y Luis Gurza Jáidar, el Congreso ?deberá analizar a través de las comisiones correspondientes los delitos que se cometieron por parte de ex funcionarios municipales de la Administración 2000-2002, al cobrar un impuesto mayor al autorizado en la Ley de Ingresos vigente en ese momento?.
