WASHINGTON| EU ESTUDIA EL IMPACTO DE LA DECISIÓN DEL PRESIDENTE BOLIVIANO DE NACIONALIZAR LOS HIDROCARBUROS.
El gobierno de España se reunirá posiblemente esta misma semana con directivos de las empresas españolas radicadas en Bolivia.
Madrid, (EFE).- El Gobierno español anunció hoy que se reunirá en breve con directivos de las empresas españolas radicadas en Bolivia para analizar la nacionalización energética, mientras la oposición pidió al Ejecutivo que rectifique su política exterior.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció la reunión para "los próximos días" y aseguró que la cita refleja que el Gobierno "se preocupa y se ocupa (...) por los intereses de las empresas españolas" en el extranjero.
Las acciones del grupo energético español Repsol YPF bajaron el martes más de un dos por ciento tras nacionalizar Bolivia sus yacimientos de gas natural y ordenar a todas las empresas extranjeras que reconozcan el control estatal.
Fernández de la Vega enmarcó esta convocatoria en el espíritu "de diálogo y consenso" que preside la actuación del Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, frente a medidas como la anunciada ayer por el presidente de Bolivia, Evo Morales.
El mandatario boliviano decretó la nacionalización del gas y el petróleo y ordenó a todas las empresas extranjeras, entre ellas la española Repsol YPF, entregar toda su producción de hidrocarburos a la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
En un primer momento, el Ejecutivo español se mostró preocupado por la medida y Repsol YPF se mostró abierta a renegociar sus contratos en un plazo de 180 días para no tener que dejar el país.
Fuentes del Gobierno informaron a EFE de que la reunión con las empresas será convocada esta misma semana por el ministro de Industria, José Montilla, una vez que el Gobierno conozca los detalles del decreto firmado ayer por el jefe del Estado boliviano.
El ministro manifestó hoy que la nacionalización de reservas de gas y petróleo "no es una buena noticia" y expresó que "al Gobierno de España nos preocupa por el impacto que pueda tener en las empresas españolas" y en el conjunto del sector energético.
Montilla recordó que "repetidamente el presidente de Bolivia había anunciado una medida en este sentido", por lo que no habló de sorpresa, pero subrayó que "es una mala señal para los mercados, que puede desincentivar la inversión extranjera" en ese país.
El ministro afirmó que en economía no todo depende de la explotación de los recursos naturales y destacó la importancia de resultar un socio fiable para los inversores extranjeros.
En este sentido, explicó que "hay países en América Latina donde las inversiones españolas van muy bien, no sólo para las grandes empresas, sino también para las pymes (pequeñas y mediana empresas), como es el caso de Chile, Brasil, Uruguay y Colombia".
"No todo es Bolivia en América Latina", añadió Montilla.
La decisión de Morales fue considerada un "varapalo" por el líder del conservador Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, quien pidió al Gobierno que "reflexione" sobre su política exterior.
Rajoy dijo a los periodistas que la decisión del presidente boliviano es "muy mala para todos (...), mala para España, para los accionistas de España y para la propia empresa Repsol".
Asimismo, consideró que es "mala" para Bolivia porque "genera una enorme inseguridad jurídica, como ha ocurrido ya en otros países".
"Va a ser muy difícil que la gente alegremente se dedique a invertir cuando se le cambian las reglas del juego de una manera tan brutal", indicó el líder de los conservadores españoles.
A su juicio, esta decisión de Morales debe servir para que el Gobierno español haga una "reflexión", por lo que sugirió a Zapatero que afronte su política exterior a partir de ahora "con la seriedad debida, con países serios y con países que respetan las reglas del juego y que generan seguridad jurídica".
Washington analiza la medida
EU estudia el impacto del anuncio del presidente de Bolivia, Evo Morales, de la nacionalización de los hidrocarburos, informó hoy el Gobierno estadounidense, que reconoció no tener "una imagen completa de la situación".
En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, afirmó que "estamos estudiando" la situación creada en Bolivia tras el anuncio.
Hasta el momento "no hemos podido determinar si se ha producido algún cambio oficial o qué impacto pueda tener. Es algo que aún estamos estudiando", puntualizó el portavoz presidencial.
"No nos consta que se haya producido algún cambio oficial. No ponemos en duda algunas de las informaciones que se han difundido, sino que se haya producido algún cambio oficial de privatización a nacionalización", agregó McClellan.
Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, afirmó que "desde luego examinaremos muy de cerca cualquier posible impacto en el clima para la inversión del sector privado en Bolivia y también en lo que respecta al cumplimiento del Gobierno boliviano de sus obligaciones contractuales".
"No tenemos una imagen completa de la situación", agregó McCormack, quien insistió en que "defendemos la idea de que la apertura de mercados, el aumento del comercio, junto a la buena gobernabilidad, es una vía para mejorar las vidas de la gente en el Hemisferio, así como solucionar los problemas de justicia social de los que se habla bastante" en el continente.
Reiteró que la preocupación de EU es que "los gobiernos cumplan sus obligaciones contractuales, que las compañías privadas no se vean perjudicadas por las iniciativas del Gobierno nacional".
