Lo que debería ser un festejo republicano y democrático, se ha convertido desde hace varios años en un espectáculo deprimente que alcanzó su mínimo nivel, espero, durante el presente año. Me refiero a la sesión inaugural del período anual de sesiones del Congreso de la Unión y la presentación del Informe de Gobierno por parte del Presidente de la República.
Con mucha pena y poca gloria, Vicente Fox fue impedido de presentar de viva voz su visión sobre ?el estado que guarda la administración pública? y sólo entregó por escrito su Sexto Informe de Gobierno, para cumplir de esta forma inusual con el mandato constitucional.
Es sintomático que los miembros parlamentarios de la coalición Por el Bien de Todos (PBT), con el liderazgo del Partido de la Revolución Democrática, quienes reclaman y hasta toman espacios públicos en nombre de su derecho a la libre expresión, hayan sido los mismos que impidieron al Presidente ejercer su derecho a la libre expresión.
Resulta preocupante, además, que frente a estos acontecimientos, varios analistas y comunicadores hayan justificado ese comportamiento argumentando que fue el Ejecutivo quien agredió primero al establecer un cerco de seguridad en los entornos de la Cámara de Diputados.
Quienes así opinan soslayan mañosamente que tales medidas fueron una reacción ante la toma por parte de la coalición PBT de varios lugares públicos en la capital de nuestro país, así como el intento cierto de algunos miembros de la legislatura federal inmediata anterior y otros manifestantes para invadir, en son de protesta, el recinto legislativo.
Por otro lado, algunos indulgentes sostienen que a pesar del trastorno causado por los legisladores revoltosos, debemos agradecerles su actitud porque la situación no terminó en violencia y sólo tomaron pacíficamente la tribuna. Esto es tanto como festejar, al igual que en el caso del corrido de Rosita Alvires, que de los tres tiros recibidos sólo uno era de muerte.
Lo ocurrido el viernes primero de septiembre en nuestro país es gravísimo. Para citar sólo dos inquietudes generadas por ese hecho, ¿estará muy tranquilo el Ejército Mexicano viendo cómo se agravia a su Comandante Supremo? Y viceversa: ¿prestigiará el comportamiento y la actitud de este Comandante a nuestras fuerzas armadas?
Los eventos alrededor de la presentación del Sexto Informe de Gobierno de Vicente Fox vuelven a poner de manera dramática en el escenario nacional la fragilidad extrema de nuestras instituciones y la urgencia de restaurar el Estado de Derecho y el imperio de la ley. En cierta forma, la anarquía en San Lázaro, es una proyección de la que priva en las calles de la capital y otras ciudades del país.
Un marco institucional peligrosamente débil, hace muy difícil que México logre un desarrollo económico duradero. La gran amenaza de acciones como las de la coalición PBT, es que está destruyendo las instituciones que venían funcionando razonablemente, como las electorales, y vulnerando la institución presidencial.
Si seguimos por ese camino, el futuro se vislumbra anárquico. Es urgente, entonces, aplicar medidas firmes que reencaucen la marcha ordenada del país. Después de la calificación de las elecciones presidenciales por parte del Tribunal Electoral, no hay excusa para que las autoridades no procedan a aplicar la ley y evitar una mayor descomposición. La historia juzgará con severidad a aquellos que provocan el caos y a quienes, estando obligados a evitarlo, no lo hacen.
Es preciso, también, que todos los que por acción u omisión se han convertido en cómplices de los anarquistas, definan claramente sus posturas. Si optan conscientemente por respaldarlos, sería una decisión muy lamentable, pero dejaría de darse la simulación de que bajo el manto de la neutralidad o de la independencia, se solapen conductas destructivas.
En otro orden de ideas, desde hace varios años se ha planteado en el país la posibilidad de un régimen parlamentario o semiparlamentario, donde el poder del Ejecutivo sea compartido con el Legislativo, en forma similar a otros países del mundo, especialmente en Europa Occidental. Pero mientras prevalezca el régimen presidencial, los primeros obligados a respetar la ley son los legisladores, reconociendo que el titular del Poder Ejecutivo no es un par ni un subordinado de los parlamentarios.
Asimismo, cabe preguntar: ¿Con actos como los de nuestros legisladores, no sólo hoy sino en años anteriores, se merecerá México el castigo de exponerlo a ese tipo de políticos? Conviene que quienes promueven una solución así, lo piensen seriamente. No es igual la teoría política abstracta que la práctica con legisladores de carne, hueso y mucho barro.
Hasta ahora, nuestra economía no se ha visto tan afectada negativamente en el presente año por la turbulencia política. En parte, esto obedece al sostenimiento de la disciplina macroeconómica. Sin embargo, las decisiones de largo plazo se mantienen en suspenso por la incertidumbre sobre hasta dónde llegará la confrontación política. Si lo que pretende la coalición PBT es cancelar cualquier posibilidad de mejoría para nuestra población, en especial la más desprotegida, lo está logrando con mucho éxito.
Ojalá que pronto se imponga la razón, de la mano de una actitud enérgica de quienes deben aplicar la ley. El progreso firme de nuestra economía no puede seguir pendiente, mientras el mundo avanza y nosotros quedamos como meros espectadores. El reto para Felipe Calderón será lograr convencer a los legisladores sensatos en el Congreso, aún pasando por encima del anarquismo intransigente y amenazas del PRD, para avanzar en las reformas estructurales que le hereda la administración anterior, así como restaurar el Estado de Derecho y la vigencia de la ley, para mejorar las perspectivas de nuestro crecimiento económico.
