Tal parece que la lógica de los gobiernos en México es la siguiente: cuando la torpeza se hace evidente, hay que encubrirla con excesos. Al menos es lo que se deduce de lo acontecido en Texcoco y Atenco el pasado miércoles, donde un problema de índole meramente local se transformó, en cuestión de horas, en un asunto nacional de primer orden.
Como parte de las acciones para concretar el proyecto del alcalde perredista, Nazario Gutiérrez Méndez, de reubicación de comerciantes informales y reordenamiento de la zona centro de la ciudad, la mañana del tres de mayo, elementos de la Policía de Texcoco llevaron a cabo un operativo para impedir la instalación de unos 60 floricultores de las inmediaciones del mercado Belisario Domínguez, en el mismo lugar donde se han ubicado desde hace 15 años para vender lo que siembran.
Sucedió lo que era de esperarse. La resistencia de los productores -quienes, cuando les informaron previamente que tenían que retirarse de la vía pública, se negaron por la sospecha de que el Ayuntamiento pretendía colocar en “su” lugar a comerciantes afiliados al PRD- derivó en un primer enfrentamiento. Con palos, piedras y machetes, los agentes municipales fueron repelidos por los inconformes, quienes eran auxiliados por integrantes del aguerrido Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. No obstante, tres personas fueron detenidas.
A partir de entonces, las cosas empezaron a salirse de control en ambos bandos. Los floricultores se atrincheraron en la casa de uno de los dirigentes del citado frente, y pobladores de San Salvador Atenco bloquearon la carretera Lechería-Texcoco. Más tarde, los atenquenses retuvieron a nueve elementos de la fuerza pública.
Pasado el mediodía, alrededor de 500 efectivos de la policías Estatal y Federal Preventiva, en un torpe intento de acción disuasiva, trataron de penetrar en Atenco, pero fueron recibidos por una turba enardecida, que los superaba en número, con palos, piedras, machetes y bombas tipo Molotov. Los agentes se replegaron y más tarde intentaron entrar de nuevo, sin éxito. En la trifulca, varios elementos del orden fueron brutalmente golpeados por los inconformes, y otros más retenidos.
Ante el rotundo fracaso, los estatales y federales tuvieron que retirarse. La carretera permaneció bloqueada toda la noche. La televisión reproducía en cadena nacional una y otra vez las imágenes de la paliza de los atenquenses a los policías.
Según cifras oficiales, el saldo de ese primer día de barbarie fue un menor de edad muerto, más de 50 heridos, 94 detenidos, 12 agentes retenidos y ocho vehículos destruidos.
Pero no terminó ahí. Al día siguiente, vino la “revancha”. Tres mil efectivos de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia de Seguridad Estatal, llevaron a cabo un operativo que duró más de seis horas para recuperar el control del “pueblo indomable”. La acción fue calificada por el priista Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, y por el presidente de la República, el panista Vicente Fox Quesada, como un “éxito” rotundo frente a un “grupo minoritario” de pobladores de San Salvador Atenco. El resultado del segundo día de barbarie: 12 agentes liberados, 109 personas detenidas y decenas de lesionados.
Las imágenes transmitidas hasta ayer por varios medios de comunicación, muestran que los elementos de la fuerza pública igualaron en brutalidad a los inconformes y se convirtieron en otra turba enardecida, con la única diferencia de portar un uniforme. La torpeza del día anterior “obligó” a las autoridades a hacer uso del monopolio de la violencia en un grado exacerbado. Los agentes no regresaron para cumplir con su deber: imponer el orden, sino, como viles pandilleros con macana y escudo, a vengarse de la “humillación” sufrida la primera jornada. Arrestaron sin órdenes de aprehensión, irrumpieron en viviendas sin órdenes de cateo y repartieron golpes a diestra y siniestra.
La actitud de los pobladores de Atenco y de los policías de los tres niveles de Gobierno es reprobable por igual. Pero lo que es imperdonable es que las corporaciones y las autoridades hayan demostrado tanta estupidez, incapacidad y desorganización. A la acción irracional de los inconformes, reaccionaron con más irracionalidad. En vez de contener la violencia, que es su papel, la reprodujeron. Desdeñaron la legalidad, y la sustituyeron con la Ley del Talión. Enfrentaron a los infractores transgrediendo el derecho constitucional. Un error de tal magnitud es impensable para un Gobierno.
Para los inconformes que violaron la Ley, la cárcel es su destino, lo era desde un principio. Pero las autoridades federales, estatales y municipales salen muy mal libradas de este ignominioso suceso.
Una vez más les falló la política, afloró la torpeza y la intentaron encubrir con excesos.
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