Lo que en un principio se presentó como la magna obra de la Administración de Enrique Martínez y Martínez, se ha convertido hoy en la máxima vergüenza. Antes, todos querían adjudicarse la paternidad del “megaproyecto” de 140 millones de pesos; hoy, no hay creación más huérfana que el Distribuidor Vial Revolución (DVR).
Todo comenzó el siete de febrero de 2004, ocho días después de la esperada inauguración, cuando un tráiler cargado de huevo cayó de uno de los viaductos del complejo, lo que ocasionó que el copiloto, un joven de 22 años, muriera al instante. A partir de este accidente, una ola de dudas y sospechas se levantó en torno a la calidad del DVR y las voces que pedían una auditoría comenzaron a escucharse.
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas, a cargo entonces de Jorge Viesca Martínez, estableció una férrea defensa con frases como “el Distribuidor Vial Revolución es una obra para 100 años” y “está hecho a prueba de peritajes”. Una estrategia de encubrimiento y engaño se empezó a orquestar. Mientras se negaba que las cuatro estructuras viales tuvieran fallas, se realizaban ajustes sin informar claramente a la ciudadanía lo que se hacía.
En los primeros minutos del 13 de mayo de ese mismo año, un nuevo percance desató otra andanada de cuestionamientos. La segunda caja de un tráiler de doble remolque se desplomó de uno de los viaductos del DVR. Afortunadamente la cabina del vehículo de carga quedó sobre el puente y el chofer resultó con lesiones mínimas. Pero la exigencia de una revisión técnica subió de tono y se hizo cada vez más constante.
Pese a esto, el Gobierno del Estado continuó negando que la obra presentara fallas, pero, para “calmar las aguas”, aceptó que se le realizara una tercería al complejo vial. Mientras tanto, los trabajos de ajuste continuaron bajo total hermetismo.
Desde julio de 2004, El Siglo de Torreón, a través de una serie de reportajes especiales (publicados el 26 de julio y 16 de agosto de 2004 y el 24 de febrero, 31 de agosto y primero de septiembre de 2005) bien sustentados (en la bitácora de obra, levantamientos topográficos, mediciones y en la inspección realizada por el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto), dio a conocer que el DVR había presentado errores en su construcción y supervisión que ocasionaron, en resumen, deformaciones en los viaductos, desplome de columnas, la consecuente “caída” de los peraltes, fisuras e, incluso, el riesgo de colapso súbito.
Meses después del segundo percance, por fin se decidió que fuera el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el que llevara a cabo una tercería. A la par, se anunció el reforzamiento de las estructuras para “incrementar el factor seguridad”. La incongruencia era evidente: ordenaron hacer un estudio de una obra en reparación.
Las opiniones en el sector empresarial de la Comarca Lagunera se polarizaron. Mientras la voz de unos representantes de la Iniciativa Privada se volvió eco de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas, la de otros se mantuvo en el cuestionamiento y la crítica. En la controversia se vio envuelto el Municipio de Torreón, que participó en la edificación del distribuidor vial con el 50 por ciento de los recursos: mientras el ex alcalde Guillermo Anaya Llamas se mostraba muy cauteloso en sus declaraciones, el director de Obras Públicas, Gerardo Berlanga Gotés, exigía más información y cuestionaba las decisiones y versiones del Gobierno Estatal.
El 25 de febrero de 2005, la UNAM dio a conocer su dictamen técnico, en el que avalaba el proceso constructivo del DVR y lo consideraba seguro, de acuerdo a la documentación disponible que revisaron, aunque no se realizó ningún trabajo de campo. A partir de entonces, la Secretaría de Urbanismo emprendió una agresiva campaña contra los “encargados de criticarlo todo” y en defensa de la obra.
Cuando el ambiente empezaba a relajarse, el 28 de agosto de 2005, otro accidente despertó de nuevo la polémica. Esta vez se trataba de un tráiler que transportaba leche, el cual cayó de uno de los puentes, lo que ocasionó lesiones severas en el chofer, quien posteriormente murió en el hospital.
En plena campaña política por las elecciones estatales del 25 de septiembre, los candidatos llegaron a pedir que el DVR fuera cerrado por el riesgo que representaba. Pero aunque esto no sucedió, la defensa del complejo vial por parte del Gobierno Estatal se volvió insostenible.
Al inicio de la Administración de Humberto Moreira Valdés, se tomó la decisión de mandar hacer un nuevo estudio. La Universidad Autónoma de Nuevo León fue la encargada de ello y el pasado miércoles 17 de mayo se dio a conocer el dictamen, en el que se confirmaba que el DVR tenía fallas y se proponían dos alternativas. El nuevo secretario de Urbanismo, Eduardo Olmos Castro, anunció la decisión del Gobierno Estatal: demoler los viaductos para reconstruirlos. Con esto terminó una etapa del polémico caso del distribuidor vial, pero se abrió otra: el deslinde de responsabilidades y la sanción a los culpables.
La obra que originalmente se presumió que iba a ser para 100 años, no durará ni siquiera tres. El saldo de esta lamentable situación no puede ser más negativo: dos muertos y más de 250 millones de pesos del erario público (o sea, del bolsillo del ciudadano), incluyendo el costo original, las reparaciones, los estudios y el presupuesto para la demolición y reconstrucción.
La ciudadanía torreonense simplemente no debe permitir que todas las pifias, omisiones y negligencias queden impunes, y que esta historia se repita en el futuro. Si atendemos a la popular frase “de los errores se aprende”, luego del Distribuidor Vial Revolución no debe admitirse equivocación alguna.
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