No hay nada más fácil que enarbolar el combate a un problema social como bandera política y pronunciar sobre él un sinfín de discursos cargados de sofisterías y mensajes sin sustancia que se quedan en simples lemas propagandísticos, cuando el fin último no es proponer soluciones que eliminen el lastre sino ganar la simpatía de un electorado indeciso.
Los candidatos a la Presidencia de la República iniciaron la semana pasada sus campañas refiriéndose todos a la inseguridad pública como el principal reto que habrá que superar el que gane las elecciones del próximo dos de julio.
Y es que el tema está en la mente de los mexicanos desde hace tiempo, pero con mayor insistencia en los últimos tres años. Y de tanto que se habla, se lee, se observa, se escucha y se sufre, parece volverse un asunto cotidiano, común, sin principio y fin.
Pero hay una realidad innegable: la delincuencia ha ganado terreno en la sociedad y el Estado da claros indicios de estar siendo rebasado. La reacción del Gobierno es normalmente la negación de la magnitud del problema, y la de todos los aspirantes a gobernar, el manejo superficial y retórico de la situación con el único objetivo de ganar adeptos. Y en este panorama, la inseguridad se convierte, por una parte, en una abstracción, sin rostro y sin causa, sólo con efectos estadísticos, cuantificables y manipulables, y, por otra, en justificación de presupuestos, gastos y programas institucionales, como sucede con la pobreza y el desempleo.
Si no se estudian a fondo las raíces de un problema, es imposible desarrollar estrategias efectivas para vencerlo. Y aunque esto resulte obvio, ni legisladores, presidentes, gobernadores, secretarios, directores, jueces ni partidos, parecen entenderlo o no les interesa, porque el engranaje gubernamental de este país -y, por ende, sus piezas- se mueve todavía en función de trienios y sexenios.
Todos dicen que el Gobierno está fallando, pero nadie atina a decir en qué. Todos aseguran que la delincuencia está creciendo, pero nadie analiza el por qué. Todos conocen de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y el Estado de México, de los ajustes de cuentas de los cárteles del narcotráfico en Tijuana y Nuevo Laredo, de los secuestros en el Distrito Federal, de los innúmeros asaltos, robos y violaciones en las ciudades grandes y medianas, de la complicidad de funcionarios y/o instituciones con capos y bandas, de los llamados delitos de “cuello blanco”; pero nadie los detiene.
La ineficiencia frente a la violencia y la inseguridad tiene su base, primero, en el nulo interés de las cabezas del Estado por estudiar a detalle la problemática e indagar sus razones reales; y, segundo, en la incapacidad de evitar la contaminación de las instituciones. Es por eso que no se ha podido planear y ejecutar acciones contundentes con objetivos claros, y siempre se navega al garete y se observa que, pese al incremento en el armamento, el número de elementos y capacitación de los mismos en las corporaciones, el aumento de la penalidad de los ilícitos, la aplicación de operativos y programas de combate y prevención del delito, la detención y encarcelamiento de infinidad de personas, todo con el consecuente gasto de cada vez más recursos públicos en materia de seguridad interna, la delincuencia, lejos de disminuir, crece.
De muy poco sirve que los gobernantes motiven la participación de los gobernados en la lucha contra el crimen si no hay metas bien definidas y estrategias dirigidas a atacar las causas, no sólo los efectos.
Los pequeños o grandes esfuerzos que se hacen resultan, a la larga, inútiles por desarticulados y superficiales. No hay visión de Estado, y quienes aspiran a dirigirlo, proponen nada que no se haya dicho o probado antes.
En las campañas se manoseará el tema, se dirán frases sensacionalistas, se intentará convencer a la población con soluciones baladíes, mientras el ciudadano de a pie seguirá siendo testigo y víctima de la inseguridad.
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