La persona que asuma la Presidencia de la República a partir del primero de diciembre de este año y hasta el primero de diciembre de 2012, enfrentará un reto enorme. Además de los problemas evidentes y urgentes, como la inseguridad pública, el narcomenudeo, la pobreza extrema y el desempleo, y el hecho de tener que lidiar con un Congreso de la Unión divido y en su mayoría adverso, están las vicisitudes inherentes del fenómeno de la transición demográfica, o sea, la transformación de la estructura poblacional por edades. Esta compleja situación sugiere la necesidad de superar los retos inmediatos a la vez que sentar las bases para el aprovechamiento de lo que se ha dado en llamar la “ventana de oportunidad transitoria”, inédita e irrepetible, que representa el bono demográfico.
Pero ¿qué es este bono demográfico? De acuerdo con el comportamiento que ha tenido en los últimos treinta años el crecimiento de la población en México y gracias al éxito general de las políticas de salubridad y planificación familiar establecidas para el control de la natalidad y la disminución de la mortalidad, con el consecuente incremento de la esperanza de vida, el bono demográfico será la circunstancia derivada de la disminución paulatina de la población dependiente (menores de 15 años y mayores de 64) paralela al aumento de la población en edad productiva (entre 15 y 64 años), relación que se espera alcance una cifra histórica a finales de la década de 2020.
En cifras se traduce a lo siguiente: se espera que el número de mexicanos menores de 15 años siga decreciendo, de manera que de 33 millones que había en 2000, pase a 24 millones en 2030; mientras que el número de habitantes entre 15 y 64 años, hoy calculado en unos 70 millones, continúe su ascenso hasta alcanzar en 2030 los 87 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que México contará en unos 25 años con la mayor cantidad, en toda su historia, de personas en capacidad de producir, a la par que tendrá una menor cantidad de pobladores dependientes.
Esta proyección plantea la gran oportunidad para detonar el crecimiento económico y la generación de riqueza. Sin embargo, establece además graves riesgos. El secreto de convertir el bono demográfico en una circunstancia ventajosa está en garantizar la suficiente cantidad y calidad de empleos para esa enorme oferta de mano de obra. Si esto no se logra, el país podría enfrentar una de las peores crisis sociales de su existencia como nación independiente, con altísimos índices de desempleo, criminalidad, pobreza, desigualdad, informalidad, evasión fiscal, con el consecuente descontento de la sociedad y el riesgo de la ingobernabilidad.
Pero también debe considerarse otro hecho: la transición demográfica provocará además el envejecimiento paulatino de la edad promedio del país y el incremento en el número de los adultos mayores. Hoy hay alrededor de diez millones; se espera que para mediados de siglo haya 36 millones, es decir, casi cuatro veces más. Por lo que la presión al sistema de jubilaciones y pensiones será mayúscula, al igual que lo será al sistema público de salud. Cada vez más gente alcanzará la edad de jubilación y requerirá de una pensión para sobrevivir y de servicios médicos para cuidarse de los males inherentes a la vejez: las enfermedades crónico degenerativas, que son las más costosas en su atención.
Si el país no aprovecha la oportunidad del bono y deja de generar la riqueza necesaria para fortalecer su aparato de seguridad social, éste podría colapsarse, lo que dejaría a millones de mexicanos en la incertidumbre y el abandono.
México, entonces, podría convertirse en una nación de viejos pobres y enfermos y de adultos y jóvenes desempleados y sin esperanza.
Por lo anterior, es vital el sexenio que está por comenzar. Si en el próximo Gobierno de la República no se sientan bases sólidas para el aprovechamiento del bono demográfico, poco o nada podrá hacerse después y jamás se presentará una oportunidad igual. La coyuntura que podría ser el motor del desarrollo nacional, se convertiría en un escollo difícil de superar, con consecuencias funestas.
Los ciudadanos no debemos permitir que de nuevo las pugnas partidistas monopolicen la vida política del país y paralicen la toma de decisiones trascendentales para la vida de todos los mexicanos. Decisiones como qué es lo que se va hacer en materia de educación, generación de empleos, seguridad social y vivienda, para enfrentar la realidad que se aproxima. Es ahora o nunca. No podemos darnos el lujo de seguir perdiendo el tiempo.
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