(Segunda y última parte)
Para responder la pregunta ¿qué tan democrático es hoy México?, es necesario plantear nuevas interrogantes: ¿cuál es el punto de referencia? ¿cuál el modelo a seguir? ¿con qué parámetros se pueden medir los avances? y ¿quién puede juzgar los niveles de democracia de cada uno de los estados nación del Mundo?
Comenté la semana pasada las diferencias profundas existentes entre el sistema político de la Atenas de la Grecia clásica, y el aplicado actualmente -casi dos mil 500 años después- en la mayoría de los países que se dicen democráticos, con todas sus variantes; y cómo, pese a esas divergencias, en ambas realidades históricas se ha utilizado el término de democracia para definir al régimen vigente.
Vuelve entonces la pregunta planteada hace siete días: ¿qué es, entonces, la democracia? Y antes de caer en la desesperación con tantas interrogantes, intentemos contestarlas.
Si el término que hoy nos ocupa y nos intriga tiene como definición básica “poder del pueblo”, hay que averiguar primero qué es el pueblo y qué es el poder (¡más cuestionamientos!). Para los atenienses del siglo V a. n. e. (antes de nuestra era), el pueblo era el conjunto de ciudadanos, o sea, los varones mayores de edad, habitantes de la región del Ática -en la que se encuentra Atenas-, que estaban distribuidos territorialmente en barrios o comunidades, llamadas en lengua griega demos. El ejercicio del poder o autoridad, kratos, era la participación directa de los integrantes del demos en la toma de decisiones sobre todos y cada uno de los asuntos del estado. Este sistema excluía a amplios sectores de la sociedad a quienes se les negaba la ciudadanía: mujeres, extranjeros residentes (metecos) y sirvientes o esclavos. No obstante, los atenienses consideraban que su régimen era el más perfecto posible por ser el gobierno de todos los ciudadanos, en contraposición con la monarquía, gobierno de uno, y la oligarquía, gobierno de unos cuantos.
Bajo la óptica de nuestro tiempo, el sistema ateniense nos parece limitado… pero, con todo y los avances, el actual aún lo es. Hoy se le llama pueblo a todos los habitantes de un país que conforman un estado nación, sin excepciones. Y el poder de ese pueblo radica en el ejercicio libre del voto, el llamado sufragio universal. Pero, estas dos afirmaciones, en la práctica no son completamente reales. Por una parte, el voto es un derecho de las personas mayores de edad, lo que en México excluye a más de un tercio de la población, la que es menor de 18 años; y por otra, la toma de decisiones sobre asuntos del estado ha sido controlada por los partidos políticos, de cuyas filas, además, salen quienes ocupan todos los cargos de elección popular (diputados locales y federales, senadores, presidentes, gobernadores y alcaldes).
En el caso de México, podemos decir que la democracia hoy se limita exclusivamente al derecho de los ciudadanos mayores de edad de elegir gobernantes y legisladores entre una oferta de candidatos presentada por los partidos. El poder de decisión respecto a los temas del estado es depositado en los “políticos de oficio o profesión”. Entonces, si el que decide qué leyes aplicar no es el pueblo, sino los legisladores de acuerdo a los intereses de sus partidos; y si quien ordena qué plan de gobierno se ejecuta no es la ciudadanía, sino los gobernantes según los planteamientos de sus agrupaciones, ¿no podemos hablar también de un régimen democrático limitado? Los defensores de este modelo lo llaman democracia indirecta o representativa; los críticos del sistema usan la palabra “partidocracia”, que pudiera entenderse como una especie de oligarquía que se vale de la demagogia (la “conducción” del pueblo) para mantener el control del estado.
Con lo anterior se puede responder a la primera de las preguntas hechas al principio. Las siguientes, con este planteamiento: si la democracia para existir y desarrollarse como tal requiere de un pueblo que ejerza el poder, y si la condición de ciudadanía es inherente a la facultad de hacer uso de dicho poder, el punto de referencia, al igual que el modelo, los parámetros y el juicio sobre el nivel de avance o retroceso, deben ser establecidos por los propios integrantes de la sociedad que dan sustento al estado nación, no por unos cuantos, no por gobiernos extranjeros. Al cuerpo ciudadano es a quien corresponde establecer sus metas y decidir por consenso de mayorías, pero sin exclusión de minorías, el camino que como colectivo quiere recorrer. En ese punto, quizá nos demos cuenta que la democracia no es un fin en sí misma, sino un método para alcanzar objetivos trascendentes, como el bienestar y seguridad de todos y cada uno de los integrantes del ente social.
Y para eso se requiere que los ciudadanos conquisten los espacios ocupados hoy por la élite política, a través de la organización y la creación de mecanismos que garanticen una mayor participación en la toma de decisiones. Pero para alcanzar dicha conquista, hace falta primero educación y cultura política. Podemos empezar, pues, por eso... o conformarnos con lo que tenemos hasta ahora.
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