La muerte violenta de un periodista es lamentable por sí misma, una tragedia individual y familiar que altera el entorno inmediato de la víctima; pero, además, tiene una importante repercusión social. El hecho de que una persona sea asesinada por hacer pública una idea o una investigación, o para evitar que lo haga, representa un atentado contra uno de los derechos fundamentales del ser humano: la libertad de expresión.
Si el Estado no es capaz de velar por la seguridad de los individuos que toman la decisión de ejercer ese derecho, ni siquiera de castigar a los que actúan contra ellos, alimenta una pesada atmósfera de miedo e impunidad. El propio crimen y la ausencia de pena, ponen a la sociedad en una situación de vulnerabilidad y evidente merma de sus espacios y derechos, porque la falta de justicia aumenta las posibilidades de que el hecho se repita y, en consecuencia, crece el temor de los ciudadanos a expresarse. Desaparecen las garantías y sin éstas, nadie puede levantar la voz contra lo que considera incorrecto o nocivo para su país sin poner en riesgo su vida.
Roberto Mora García, Francisco Ortiz Franco, Francisco Arratia Saldierna, Leodegario Aguilera Lucas, Gregorio Rodríguez Hernández, Guadalupe García Escamilla, Raúl Gibb Guerrero, Jesús Reyes Brambil y Alfredo Jiménez Mota, son algunas de las víctimas de la creciente violencia que azota al país. Las muertes de estos periodistas permanecen impunes debido a la ineficiencia y/o corrupción de un Gobierno que se ha visto rebasado por la delincuencia organizada.
Pero esta incapacidad de la autoridad, no debe inmovilizar a la sociedad; al contrario, debe empujarla a actuar, como lo han hecho directores, editores y reporteros de periódicos mexicanos en un hecho sin precedentes en la historia del periodismo de este país. La Declaración de Hermosillo, firmada en agosto de 2005, sentó las bases de la unión y solidaridad de más de 40 medios impresos nacionales en un objetivo común: evitar más muertes de profesionales de la comunicación y exigir a la autoridad el esclarecimiento de los crímenes y el castigo a los culpables.
Las estrategias a seguir son diversas, pero destaca la conformación del Proyecto Fénix, que tendrá como finalidad profundizar en casos de “alto riesgo” y concluir los trabajos de investigación que realizaban reporteros ultimados o desaparecidos. Los textos resultantes se publicarán en los rotativos adheridos a la declaración antes citada, así como en los medios que decidan sumarse.
También forma parte de las acciones la realización de seminarios que orienten y capaciten a periodistas para disminuir los riesgos de ejercer el oficio. Tal fue el caso del que se llevó a cabo los pasados días 26 y 27 de enero en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con el título Narcotráfico: Investigación y Cobertura Noticiosa, organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Asistieron más de cien periodistas y el seminario terminó siendo un rico intercambio de experiencias entre trabajadores de la prensa de distintas partes del continente y un punto de acercamiento entre los medios de comunicación con miras a consolidar el frente común que permita frenar los crímenes y las amenazas.
Son primeros pero importantes pasos que envían tres claros mensajes. Uno, al crimen organizado: que los periodistas no están solos y cualquier acción contra ellos tendrá una amplia resonancia. Dos, al Gobierno: que debe asumir su papel como garante de los derechos plasmados en la Constitución y acabar con la impunidad. Y tres, a la sociedad: que es necesario y posible organizarse para defender su bienestar de quienes intenten perturbarlo.
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