Determina Tribunal que Irma Ríos Suárez deberá cubrir una indemnización por más de 1,600 millones de pesos por el daño causado al IFE.
EL UNIVERSAL
México, DF.- El Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, determinó aplicar las reglas del delito continuado y la agravante de pandilla a Irma Ríos Suárez, quien en su calidad de trabajadora de la empresa Soluciones Mercadológicas en Bases de Datos, es una de las personas implicadas en la venta del padrón electoral a la empresa estadounidense Choice Point.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República, Ríos Suárez deberá reparar el daño y cubrir una sanción económica. La indemnización asciende a mil 658 millones 589 mil 135 pesos.
Con esta resolución, motivada por el recurso de apelación interpuesto por la sentenciada y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Ríos Suárez deberá cubrir en forma mancomunada y solidaria con aquellos que también resulten sentenciados por el mismo delito, el pago de la reparación del daño causado al Instituto Federal Electoral (IFE).
Cabe destacar que la sentencia fue acorde al escrito de agravios formulado por la Fepade.
En mayo de 2003 se puso al descubierto que la empresa Choice Point vendió al Gobierno de Estados Unidos bases de datos de uso privativo del Estado mexicano, desde 18 meses atrás.
A partir de ese momento se hicieron investigaciones que permitieron conocer que 2001, la empresa Soluciones Mercadológicas en Bases de Datos vendió en 335 mil dólares a Choice Point la base de datos del padrón electoral del Instituto Federal Electoral, en el que se incluía información de 58 millones de votantes mexicanos.
El IFE demandó a los implicados en la venta bajo los cargos de revelación de secreto, delitos de carácter electoral y de traición a la patria.
En enero de 2004 los cuatro inculpados por la venta del padrón (Jorge López García, director general de Soluciones Mercadológicas en Base de Datos; Ismael Vaca Ramírez, gerente, así como las empleadas Adriana López Cuevas e Irma Ruiz Suárez) obtuvieron el beneficio de la libertad mediante el pago de una fianza, luego que un juez federal les concedió la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión girada en su contra.
Este era el único ilícito por el que serían procesados, ya que el 24 de diciembre de 2003 otro juez decidió que no había evidencias para acusarlos de delitos de carácter electoral y de traición a la patria, cargos por los que fueron consignados por la Procuraduría General de la República (PGR).
De esta forma, un año después de que se desató el escándalo, los acusados debieron enfrentar sólo un proceso por el delito de revelación de secreto, y desde enero pasado estuvieron en libertad mediante el pago de una fianza de 96 mil pesos, gracias a un amparo que obtuvieron contra la orden de aprehensión.
