Frente al Primer Informe del gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés, un juicio benigno apunta a señalar que corresponde a una Administración de lento arranque.
Aunque en un nuevo lenguaje el gobernador presenta el suyo como un Informe de Resultados, debido a la falta de un plan estratégico global que debió ser previamente dado a conocer a los ciudadanos, para hacer una evaluación por objetivos concretos, la medición de resultados que se pretende no tiene punto de referencia.
Nos hemos tenido que conformar con acciones y obras muy modestas en su mayor parte inconclusas, algunas de ellas iniciadas en vísperas del informe, como recurso de última hora para poder obtener algún material de contenido.
Es cierto que el actual Gobierno heredó un escenario adverso de Enrique Martínez, maquillado por un costoso diseño de imagen que ocultaba una realidad lamentable. Al menos ha desaparecido la mano policiaca que operó desde la Secretaría de Gobierno como instrumento de extorsión y tráfico de influencias, cuyo efecto dañoso está acreditado en los botones de muestra que ofrecen las grandes obras de vialidad a punto de colapsar, y los resultados escandalosos de las auditorías a la Dirección de Pensiones y al Registro Público de la Propiedad.
Sin embargo, de la mejoría mencionada, que es presupuesto elemental de todo estado democrático, no es suficiente para satisfacer las expectativas que ofreció el candidato Moreira a los electores coahuilenses, que vieron en él la oportunidad de un relevo generacional en el Gobierno, acorde a la nueva realidad política que vive el país. El propio Moreira manifestó alguna vez que no habría llegado al poder en el escenario del viejo régimen y reconoce que la alternancia foxista le abrió la oportunidad.
Lo cierto es que el desempeño del actual Gobierno de Coahuila no alcanza las cotas de modernidad esperadas, como lo demuestra su confrontación frecuente con el Gobierno Federal, tanto en el caso de la tragedia de Pasta de Conchos, como en la falta de planeación de la obra la pública que produjo el fracaso reciente del programa carretero, por citar dos ejemplos importantes.
En la Comarca Lagunera existe la queja respecto a un trato indiferente, por parte de un gobernador que pese a su pretensión de encabezar un Gobierno con arraigo en la base social, mantiene una distancia que no ha podido superar con sectores clave como el empresarial, que se explica en virtud de la nula labor en materia de fomento económico.
El gobernador parece reducido a una política social que si bien es humanamente importante y electoralmente rentable, se agota en la aplicación publicitada de recursos en apoyo de ?la gente? (las personas) en cuanto a sus necesidades vitales (piso firme, alfabetización, etcétera), mediante acciones que dependen de una estructura asistencial de alcance limitado y por otra parte, no existe un plan estratégico de desarrollo que atienda al crecimiento de la infraestructura productiva y a la promoción del empleo, de los que depende la autonomía económica de la sociedad y por ende el futuro bienestar de los coahuilenses.
Los rezagos legislativos que incluyen una Ley electoral que mantiene el control del Gobierno sobre las elecciones como en los viejos tiempos, ocasionan desde un cuello de botella que imposibilita la adopción legal de menores en desamparo, la impunidad generalizada en materia penal y el atraso institucional que entorpece la administración pública, hasta la parálisis del desarrollo productivo por falta de incentivos. Si bien esos males son herencia del pasado, continúan siendo asignaturas pendientes, en virtud de la relación premoderna y de bajo perfil que existe entre el gobernador y el Congreso del Estado.
No obstante los señalamientos precedentes, el sexenio es rescatable. El propio gobernador Moreira advierte la necesidad de apuntalar el futuro de su gestión en la planeación estratégica, y a esa inquietud corresponde que haya dado a conocer que emprenderá ese camino en dos vertientes: con su Gabinete y con los Ayuntamientos.
Los coahuilenses esperamos conocer oportunamente los lineamientos de esa planeación, que resulta indispensable como parte del diálogo democrático que debe haber entre gobernantes y gobernados y como elemento necesario para que el año que entra y los restantes, se rindan cuentas y se midan resultados.
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