La democracia es un sistema de equilibrios entre los distintos poderes, los diversos niveles de Gobierno y la sociedad.
El Gobierno de la alternancia ha enfrentado a grupos extremistas que empleando una estrategia de provocación sistemática, dan por sentada la desaparición del equilibrio que existía en el antiguo régimen y apuesta a que los elementos legales, políticos y sociales disponibles en la realidad actual, simplemente no operen, con el propósito de que el Gobierno tropiece y caiga para ocupar su lugar.
Los violentos proceden a sabiendas de que en todo caso harán mella en la autoridad, tanto si ésta recurre a la fuerza pública con el resultado de ser condenada por represora, como si no lo hace, en cuyo caso será señalada por su tibieza y debilidad.
La peor contradicción la encontramos en algunos protagonistas sociales o políticos y algunos medios de prensa, que en forma desconcertante exigen la aplicación de la fuerza pública pero sin que haya represión, lo cual implica una sutileza imposible de dilucidar en el mundo real, sin que obste lo que diga la teoría.
El conflicto que existe en el Estado de Oaxaca, opera como un juego político de coyuntura iniciado durante las pasadas elecciones presidenciales. Con independencia de la pertinencia o no de las demandas laborales que llevaron al paro del sistema educativo de dicha entidad, la huelga magisterial estalla en el momento preciso en el que sus promotores calcularon que tendría el mayor impacto.
Por su parte la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca y algunos sectores radicales ligados al Partido de la Revolución Democrática, con todo cálculo se infiltraron en el movimiento magisterial, para impedir cualquier solución por la vía del derecho y de la concertación política.
Algunos críticos que posiblemente atrapados en la nostalgia por un pasado autoritario y pretoriano, llegan al extremo de lamentar que el Gobierno Federal no haya defenestrado al gobernador Ulises Ruiz, por medio de los mecanismos extralegales que en el pasado priista fueron empleados para destituir Gobiernos locales por conveniencia o capricho y sin límite alguno.
Todo indica que el Gobierno Federal no contempla una intervención en la que sea primordial el uso de la fuerza, lo que si bien implica una solución de largo plazo, el costo siempre será menor que el que resulta del tratamiento de los problemas por la vía de la fuerza coercitiva. Este camino que para los detractores del Gobierno Federal implica dejar que los problemas se arreglen solos, no es tal, sino la simple apertura del tiempo y del escenario, que permita que los problemas sen resueltos por medio de la responsabilidad compartida entre los distintos niveles de Gobierno, los inconformes radicales y la sociedad en su conjunto.
El primer paso está dado. Hasta hoy han reabierto sus puertas cinco mil de las catorce mil escuelas que durante cinco meses permanecieron cerradas. La posibilidad de abrir las escuelas restantes dependerá no sólo del Gobierno, sino de la totalidad de los protagonistas sociales mediante un esfuerzo por abrir los espacios que conduzcan a soluciones duraderas y de fondo, más allá de la coyuntura política.
Asumida esta estrategia, lo deseable es que las fuerzas del orden tanto federales como estatales jueguen un papel de bajo impacto pero firme y permanente, que incluya la integración de las averiguaciones penales que permitan imputar responsabilidades concretas a los culpables de la violencia y la ruptura del orden legal que como tales, son personas de carne y hueso.
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