La intervención de la Policía Federal Preventiva en el caso Oaxaca, sienta un precedente sobre el uso de la fuerza pública por consenso de las corrientes políticas y sociales de nuestro país.
Lo anterior es importante, porque en el México de la transición a la democracia plena, aún no hemos generado los acuerdos políticos que permitan al Gobierno emplear la fuerza coercitiva del Estado, en base a criterios previamente pactados conforme a la situación actual y dentro del marco legal. La causa de esta carencia, obedece a que los mexicanos tampoco hemos resuelto en un acuerdo concreto y práctico, los límites del derecho a la protesta ciudadana.
El imperativo que en cuanto al tema que nos ocupa reclama un acuerdo entre Gobierno, sociedad y fuerzas políticas no debe sorprendernos, porque estamos en medio de un proceso histórico que implica ni más ni menos, el cambio del viejo sistema del partido de Estado, por otro en el que existe una pluralidad de partidos.
De la presencia de la fuerza pública en Oaxaca, sólo podemos esperar el resguardo de la seguridad, en un escenario en el que habrán de continuar las tensiones hasta poner fin al conflicto que vive la entidad que como tal, deberá ser resuelto por acuerdo de los propios oaxaqueños.
El estribillo repetido hasta la saciedad, según el cual el Gobierno Federal actuó tarde, soslaya que el conflicto evolucionó a partir de una huelga laboral y recuerda la vieja recomendación porfiriana ?mátalos en caliente?, como fórmula de reacción inmediata frente a todo reclamo social, protesta o disidencia, lo que resulta del todo cuestionable y absurdo.
El caso es que la fuerza se ha utilizado en el momento en que ha sido posible y exactamente, en el punto en el que los distintos protagonistas de nuestra vida pública (partidos, comunicadores, iglesias y sociedad en su conjunto), otorgaron su venia expresa o tácita.
A estas alturas se han repartido las pérdidas y no existe beneficiario político alguno del conflicto. El gobernador priista Ulises Ruiz, obtuvo una victoria pírrica a un costo altísimo para su partido y difícilmente podrá concluir su mandato; los nexos del PRD con los sectores violentos minan el prestigio perredista y el PAN sigue viendo limitados sus espacios de maniobra en una entidad en la que tiene poca presencia.
Otro estribillo de moda en este caso, insiste y con razón en que la más afectada con el conflicto de Oaxaca es la sociedad de esa entidad federativa, sin embargo, la reiterada proclamación de esta verdad ninguna solución aporta al problema, partiendo de la base de que los políticos, los maestros y los subversivos que participan en el sainete no son extraterrestres sino oaxaqueños y como tal, existe una responsabilidad al respecto.
Es curioso que se explote el argumento de que la causa del conflicto, derive de la marginación y el atraso en que se dice vive el pueblo oaxaqueño. Sin embargo, el paradigma de Benito Juárez, indio de raza pura zapoteca nacido hace doscientos años en las postrimerías del virreinato, acredita la existencia de oportunidades de superación ilustrada en la sociedad oaxaqueña desde aquel entonces, en la medida en que dicho personaje llegó a ser Presidente de la República y se le reconoce como paladín de la modernización del país entendida de acuerdo a su época.
El señorío de la capital del Estado y la historia de la entidad, ofrecen pruebas abundantes de un desarrollo cultural insoslayable, que confrontados a la torpeza y ambición desbordada de los políticos actuales y las actitudes violentas de los radicales, dan pena.
La sociedad oaxaqueña es víctima como el resto del país, de los resabios del viejo sistema autoritario y corporativo que se resiste a morir. En el caso de Oaxaca convergen una lucha por el poder entre los grupos priistas y sus desmembramientos (PRD y Convergencia); la incapacidad del Gobierno Local y un mal ejercicio de la actividad gremial que encarna en el magisterio. A estos ingredientes se agrega una corriente bolchevique que pese a la presunta marginación cultural, enarbola efigies de Marx y Lenin y formula listas de condenados a muerte al estilo de Sendero Luminoso.
Nuestro país en tránsito hacia la democracia plena, es como una casa habitada durante un proceso de remodelación en curso y que está perdiendo sus viejos soportes antes de concluir la construcción de una nueva estructura. Lo anterior ocurre, porque todos queremos la modernización de México, pero no estamos dispuestos a pagar el precio que ello implica.
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