El fracaso del Programa Carretero de Coahuila, durante el primer año de Gobierno del profesor Humberto Moreira Valdés, obliga a un análisis inmediato y a una pronta rectificación.
De acuerdo a la información difundida, existen dos versiones: la de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nivel federal, que parte de diversos oficios según los cuales la delegada Alejandrina Martínez Macías, apremia a Eduardo Olmos Castro como titular de la Secretaría de Obras Públicas de Coahuila, para que entregue los expedientes relativos al proyecto ejecutivo y estudios de factibilidad de las obras en cuestión.
Olmos Castro asegura que los estudios referidos no son responsabilidad de la dependencia a su cargo sino de la SCT, con lo que ofrece una explicación que no satisface a los ciudadanos.
Si analizamos las leyes y reglamentos sobre el particular, encontraremos, sin duda, argumentos para eternizar el debate sobre las culpas mutuas, en virtud que las atribuciones de las autoridades de Estado y Federación son concurrentes.
Lo único cierto es que los recursos federales no bajan a estados y municipios por arte de magia, sino en virtud del trabajo conjunto de los funcionarios de ambos niveles de Gobierno, desde luego a iniciativa y solicitud de los Gobiernos locales que son los representantes políticos de las comunidades de carne y hueso, que padecen las necesidades concretas a satisfacer con la aplicación de los planes y programas de Gobierno.
La obtención de los recursos depende de la capacidad que demuestren los funcionarios de estados y municipios para diagnosticar carencias y soportar su solución en expedientes técnicos que justifiquen el acceso a tales recursos. En el caso, Eduardo Olmos Castro fue designado secretario de Obras Públicas del Gobierno de Moreira por compromisos partidistas, sin reunir el perfil técnico que el puesto exige, lo que sin mayor rebuscamiento explica la situación que se comenta.
La pretensión de Olmos Castro, al sostener que la integración de los expedientes es responsabilidad de la SCT, lo obliga a explicar cuáles son entonces las funciones de la Secretaría de Obras Públicas a nivel estatal, que justifiquen su presencia en el puesto.
A este desencuentro entre autoridades estatales y federales, Eduardo Olmos Castro suma la falta de entendimiento entre la dependencia a su cargo y el Municipio de Torreón, que mantiene en suspenso las obras de vialidad anunciadas para nuestra ciudad en el presente año, como ocurre con el paso a desnivel proyectado en el llamado ?Nudo Mixteco?, cuyo aplazamiento ha sido anunciado en dos ocasiones.
En la antesala de lo que será su primer informe de Gobierno, Humberto Moreira enfrenta el riesgo de pasar en blanco el tema de la obra pública y es explicable: si no ha existido capacidad para programar y ejecutar la demolición del Distribuidor Vial Revolución, poco o nada podemos esperar en el rubro de la construcción.
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