Las declaraciones del secretario de Gobierno de Coahuila Óscar Pimentel González, frente a los primeros resultados de la auditoría practicada a la Oficina del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de Torreón, ameritan ser objeto de comentario.
De acuerdo a lo manifestado por el funcionario estatal, la auditoría se limitó al funcionamiento de la dependencia durante el año de 2005 y se detectaron irregularidades que involucran además de los funcionarios que en aquel tiempo estuvieron a cargo del Registro, a notarios públicos y abogados que resultaron partícipes de las anomalías detectadas.
Entre las irregularidades que el secretario anuncia como encontradas, se encuentra la cancelación de hipotecas y embargos sin ningún sustento legal y la falsificación de recibos de pago de impuestos, lo que implica la comisión de fraude en perjuicio de particulares y del propio erario estatal.
Como cierre de su declaración, Pimentel González asegura que en quince días se fincarán responsabilidades, lo que compromete al Gobierno del Estado a iniciar en ese tiempo los procedimientos civiles y penales de los que se obtenga el castigo correspondiente y la reparación de los daños causados a terceros con motivo de las anomalías descubiertas.
Debe recordarse que la auditoría se inició en respuesta a un reclamo social, puesto que era un secreto a voces que durante la Administración de Enrique Martínez, desde la Secretaria de Gobierno operó una estructura perniciosa en forma integrada por funcionarios públicos corruptos y particulares sin escrúpulos, que convirtió al Registro Público de Torreón en coto de sus particulares intereses, en beneficio ilícito de los funcionarios participantes y sus cómplices.
Cuando en su tiempo el entonces director registrador de Torreón José Luis Dovalina Romero era cuestionado por la prensa en función de las denuncias que desde aquel tiempo fueron presentadas, mostraba una confianza absoluta rayana en el cinismo, porque se sabía cubierto por un manto de impunidad en la medida en que respondía a una línea de ilícita operación emanada de la cúpula del Gobierno Estatal en turno.
Por eso los ciudadanos esperan que la auditoría se amplíe a la totalidad del sexenio enriquista y se atiendan denuncias concretas que existen tanto las públicas que han trascendido a los medios, como las que existen puestas en manos del propio secretario de Gobierno y hasta del gobernador Humberto Moreira, respecto a irregularidades mayores que implican la creación de fraccionamientos sin sustento legal en nuestra ciudad.
La propia prensa regional ha dado cuenta de los juicios que existen ante los Juzgados y el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, así como ante los Juzgados de Distrito en La Laguna, en los que se demanda la declaratoria de nulidad de operaciones de particulares, así como de permisos y licencias otorgados por autoridades estatales y municipales para fraccionar y urbanizar terrenos, violando la normativa que existe al respecto.
Algunos de tales juicios se encuentran en trámite y otros ya fueron resueltos en el sentido de reconocer la existencia de tales anomalías con todas sus consecuencias, lo que obliga a generar una política de Estado que se ocupe de restañar el orden jurídico, reparar los daños y regularizar los fraccionamientos, para darle viabilidad y armonía al desarrollo urbano.
Bien hace el secretario de Gobierno al decir que en la especie no se trata de una ?cacería de brujas? sin embargo, esta expresión en el pasado se ha utilizado en nuestro país y en los diversos niveles de Gobierno para justificar una política de tibieza de las autoridades frente a la violación descarada del orden jurídico, en perjuicio de terceros.
En el caso que nos ocupa, es imperativo proceder de manera enérgica y ejemplar para recuperar la confianza en la función del Registro Público de la Propiedad en Coahuila, lo que resulta indispensable en aras de la seguridad jurídica patrimonial que merece todo ciudadano tanto en lo individual, como en el campo de las inversiones inmobiliarias que requieren de un marco sólido de certidumbre para que funcionen los negocios generadores de empleos.
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