No decimos nada nuevo al afirmar que buena parte de la dinámica de las sociedades está marcada por la lucha por el poder político entre los diferentes intereses y visiones que existen en ésta, sobretodo si el grado de polarización en la misma es alto. Esto es más claro en las coyunturas electorales como en la que ya nos encontramos aquí en México, y en otros países de América Latina.
La puja electoral ya la estamos viendo cotidianamente en los medios en las calles y en los diferentes ámbitos de actividad laboral, académica y cultural. La trinchera de las encuestas es un buen termómetro para medir la temperatura de la disputa.
Sin embargo, la guerra por el poder también tiene otros ámbitos, menos visibles y espectaculares que los que se dan en la arena electoral, pero quizás más efectivos; uno de ellos es el legislativo, ya que es ampliamente reconocido que las leyes, en su diseño y las formas de presentarlas, son el resultado de la correlación de fuerzas sociales y políticas en un momento histórico dado.
En efecto, ya a finales del año anterior tuvimos una muestra de esta puntualización, cuando un grupo de legisladores del PRI y el PAN, intentaron llevar adelante una reforma constitucional para dotar de autonomía a varias instituciones públicas que tienen que ver con la vigilancia, regulación y ejecución en el ámbito financiero y fiscal.
La forma atropellada y, por tanto, sin sustento firme de esta maniobra provocó que esta iniciativa no tuviera éxito. Sin embargo, otro ordenamiento legislativo, cuyo dictamen sí aprobó la Cámara de diputados el año pasado y ahora está en el Senado ha generado una amplia expectativa, se trata de la Ley Federal de Presupuesto Público y Responsabilidad Hacendaria.
En principio cabe decir que cualquier normatividad que tenga por objetivo actualizar, homogenizar, transparentar y simplificar el proceso presupuestario debe ser bien vista, porque ello creara un marco para una administración de las políticas públicas más eficiente, una condición indispensable de la profundización democrática que, entre otras cosas, no cancela el mecanismo de los pesos y contrapesos entre los poderes, uno de sus fundamentos básicos.
Resulta difícil siquiera hacer un comentario somero del ordenamiento, pero si cabe destacar el considerando general que menciona el propósito de ?establecer las condiciones de estabilidad económica que requiere el país, con base a la responsabilidad hacendaria?. En una palabra, propone establecer el equilibrio presupuestario como una norma jurídica. Es decir, el déficit fiscal de cero por ley. Algo que ni los miembros de la OCDE, a la que pertenece México, tienen. Lo dicho, la tecnocracia mexicana sigue saliendo más papista que el Papa.
Esta pretensión, como usted podrá advertirlo, va en línea con el único mandato que tiene el Banco de México, que es el de velar por las condiciones de estabilidad de la moneda, es decir, de controlar la inflación.
En una palabra, se propone consolidar legalmente una visión y una práctica de ver la economía, de un modelo económico pues, al que le sigue faltando una propuesta viable para sacar a la economía del estancamiento productivo, del empleo, de la educación, la salud y dotarla de mayor competitividad.
Además, se propone que el presupuesto anual del Gobierno Federal este en línea con el Plan Nacional de Desarrollo que, como se sabe, es elaborado exclusivamente por el Ejecutivo, sin la participación del Congreso.
Es así como en este mes, con la reactivación de las sesiones del Congreso, la disputa en el campo legislativo se intensificará y, posiblemente, se recrudecerá, porque un bando lo verá como la última oportunidad para inclinar la balanza a su favor y dejar acotado el terreno para el próximo titular del Ejecutivo. Aquí el punto está en que se está violentando la división de poderes, porque todavía no se sabe ni quien va a ser el próximo presidente. Falta visión de estadistas a algunos los legisladores.
Así pues, esta Ley, enfatizan algunos diputados panistas y priistas, sin duda será aprobada en este mes, ya que se presenta como un ?elemento fundamental en la reforma integral de las finanzas públicas? y pretende evitar las controversias entre el Ejecutivo y el Legislativo en el proceso de integración del presupuesto. Veremos.
Quienes se perfilan, con mayores posibilidades, para asumir el poder del Ejecutivo, y del Legislativo, sin duda deberán estar al pendiente de este desenlace legislativo ya que es fundamental en el margen de maniobra para gobernar ya que tienen que ver nada menos que con los dineros públicos.
En toda esta discusión, un criterio fundamental debe prevalecer: el voto de la ciudadanía se da para conformar órganos de poder, y estructuras de gobierno, en donde se refleja la aprobación o desaprobación de las políticas públicas aplicadas. Es un principio básico de la democracia representativa. No se puede conculcar el legítimo derecho de la ciudadanía a promover cambios a través de maniobras técnico-administrativas o jurídico-legales. Hay tareas.
