De distintos modos, con costos altísimos para los trabajadores en un caso, con ganancia en otro, se están resolviendo conflictos en la industria minera y siderúrgica, derivados de la intromisión de la Secretaría del Trabajo en la vida interna del sindicato respectivo.
Al parecer por presiones empresariales planteadas en Los Pinos -quién sabe si ante la oficina principal, del presidente Vicente Fox, o las que apenas le ceden en importancia, la de su señora esposa o la de Ramón Muñoz, que la próxima semana cometerá la desfachatez de protestar como senador sin haber dejado su tarea en la cúspide de la administración pública sino hasta ese día -a mediados de febrero se dispuso que la Secretaría del Trabajo hiciera mudar la dirección sindical minera. De ese modo el 17 de ese mes se pretendió destituir a Napoleón Gómez Urrutia y se tomó nota de la designación, en su reemplazo, de Elías Morales.
Los grupos México y Villacero, enfrentados áspera y frecuentemente con Gómez Urrutia, creyeron haber triunfado sobre él. No contaron con que, en su propia defensa, el dirigente sindical paralizaría las labores en las plantas principales de esos grupos. Así, el 24 de marzo los mineros de La Caridad, en Nacozari, Sonora, propiedad de Mexicana de Cobre (grupo México) y el dos de abril los siderúrgicos de Sicartsa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, (grupo Villacero) suspendieron sus tareas en paros de hecho, con el propósito explícito de que Gómez Urrutia y su comité, desconocidos por la autoridad con la complacencia empresarial, se mantuviera como líder.
Los conflictos se prolongaron y complicaron. El 20 de abril, una maniobra del secretario del Trabajo Francisco Xavier Salazar, culminó con la presencia violenta de la fuerza pública, federal y estatal, ante las instalaciones de Sicartsa, La resistencia de los trabajadores evitó su desalojo, pero en el enfrentamiento murieron dos personas y muchas más resultaron heridas.
El trágico acontecimiento pasmó la situación en los dos focos del conflicto, pues en Sonora se consideró irrepetible la experiencia (a la que previamente había estado anuente el gobernador Eduardo Bours) y en Michoacán se alejó cualquier posibilidad de negociación.
El impasse comenzó a ser roto en Nacozari. La empresa tomó la iniciativa y el nueve de junio declaró unilateralmente terminada la relación de trabajo con el sindicato, tanto en la mina de cobre como en La Calera, una planta adyacente dedicada al propósito que su nombre indica.
Alegó Mexicana de Cobre que arreglar la situación que dio origen al paro -la destitución de Gómez Urrutia- estaba fuera de su alcance, y el 19 de julio la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje le dio la razón, y decretó concluida la vigencia del contrato colectivo, previo el pago de las indemnizaciones correspondientes.
En lo que probablemente indica un acuerdo entre las partes, ni el sindicato ni los trabajadores impugnaron el fallo y la mayor parte de éstos han recibido los pagos y una porción creciente ha sido recontratada. De esa manera se reanudará la operación de la mina, casi como ocurría hasta mediados de marzo. Casi, porque al menos 35 trabajadores no volverán a sus empleos, pues la empresa los colocó en una lista negra.
Es probable, además, que el presunto compromiso que hizo posible esa salida implique la abstención de los trabajadores de reafiliarse al sindicato minero. Se perdería así la Sección 298, y hasta es posible que los mineros recontratados se agrupen en un nuevo sindicato, que ofrezca mayor comodidad a la empresa.
Hace poco más de treinta años, cuando el grupo México de la familia Larrea se hizo del control de La Caridad, los trabajadores de entonces encontraron en su afiliación al sindicato minero el modo de escapar al tutelaje, contrario a sus intereses, de la agrupación cetemista que firmó el contrato inicial con Mexicana de Cobre.
En Sicartsa la semana pasada se percibieron señales de acuerdo. El 15 de agosto el gobernador Lázaro Cárdenas Batel hizo público que se había entablado diálogo entre el grupo Villacero y la representación sindical, tanto local como nacional y solicitó al secretario del Trabajo “se dé respuesta... a la solicitud de los trabajadores mineros relativa a la titularidad de la representación sindical”. Se refería a la petición de toma de nota de los acuerdos de la 34ª. convención nacional del sindicato, reunida a comienzos de mayo, en que fue confirmada la conducción de Gómez Urrutia.
El voluminoso expediente con tal solicitud fue entregado hace tres meses y la dependencia administrativa ha enredado en trámites la contestación requerida. En los hechos, sin embargo, admitió ya que, al menos para efectos de resolver el conflicto de Sicartsa, Gómez Urrutia dirige el sindicato desde Vancouver -donde se refugió ante las órdenes de aprehensión en su contra, todas locales pues no prosperó la tentativa federal de hacer lo mismo- y favoreció el arreglo a que se arribó el lunes.
Fue una buena idea fundir el abordamiento del paro de hecho con la revisión salarial, y así se resolvieron simultáneamente dos cuestiones de gran importancia. Hoy comenzará a trabajar de nuevo la siderúrgica, después de 143 días de suspensión de labores. A diferencia de los mineros de Nacozari, que a cambio de una indemnización que no consideró su antigüedad y otros derechos van a comenzar de nuevo, los siderúrgicos ganaron un incremento salarial de ocho por ciento (seis directo al salario y dos a prestaciones) y el pago total de los salarios caídos.
