EL SIGLO DE TORREÓN
CD. LERDO, DGO.- La Coordinación Jurídica Municipal asegura que cuenta con las pruebas de la indemnización de 80 trabajadores del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Lerdo quienes denunciaron al Ayuntamiento desde el inicio de la Administración en principio porque no les reconoció su existencia y posteriormente por despido injustificado.
La coordinadora jurídica Angélica María Machado Medrano, asegura que todas las indemnizaciones se han hecho ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y asegura que no se pudo hacer un convenio en otro lugar porque no les daría certeza jurídica.
Señaló que de 203 agremiados al sindicato -quienes iniciaron la demanda- 80 de ellos ya fueron finiquitados (por lo que el Ayuntamiento asegura haber pagado más de dos millones de pesos) y 69 laboran actualmente para el Municipio de los que dos aún pertenecen al sindicato. Reiteró que aunque los inconformes están en su derecho de haber tramitado el amparo y el Municipio esperará la resolución confían que ésta les favorezca. Aseguró que haría del conocimiento público una lista de las personas que fueron indemnizadas y de las 34 pendientes.
?Nosotros prevemos sin prejuzgar que la segunda instancia ya la ganamos?, dice Machado Medrano, quien aseguró que el Ayuntamiento no tiene problemas personales con los trabajadores que forman parte de este sindicato sino con el organismo.
Anteriormente la alcaldesa Rosario Castro Lozano comentó que sólo el ex alcalde Luis Fernando González Achem había tenido ?la peregrina idea? de pretender que la actual Administración continuara con la plantilla de trabajadores que originalmente eran de confianza sindicalizándolos.
?Como Ayuntamiento se tiene la facultad de crear su propio equipo de trabajo y no es lógico que entres a trabajar con un secretario particular que no es de tu confianza y que es el mismo de la Administración anterior?, dice Machado Medrano.
La secretaria de trabajo y abogada defensora del sindicato, Aniceta Armendáriz Ávila, asegura que sólo una persona acreditó su liquidación y llamó mentirosos, corruptos y mañosos tanto a la alcaldesa Rosario Castro Lozano como al presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Guillermo Cervantes Perales, de quien solicitaron desde el dos de agosto su destitución de manera formal al gobernador. Aseguran que el Ayuntamiento deberá pagar 14 millones de pesos en salarios caídos.
?Es doloroso que te den palo jurídicamente, la comprendo en su posición, no me gustan los pleitos pero cuando hay uno bueno me gusta ganarlo?, dice la alcaldesa, quien esperará la resolución sobre el amparo y negociará con la parte restante de sindicalizados para indemnizarlos individualmente.
En cuanto a las posibles manifestaciones que auguró el sindicato durante el informe de Gobierno, la alcaldesa dijo: ?Siempre he dicho que mis informes son intensos, apasionados, venturosos, turbulentos y por eso todo el mundo quiere venir, siempre pasa algo en mis informes?.
Inconformes
El sindicato pidió al gobernador Ismael Hernández Deras, por conducto de su secretario de Gobierno, José Ricardo López Pescador, la destitución del presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Guillermo Cervantes Perales, ?en virtud de su nefasta labor? expuesta en el oficio N° 812/2006, documento membretado por el Sindicato de Trabajadores al Servicio de Los Tres Poderes del Estado de Durango, donde se expone su inconformidad.
El Ayuntamiento asegura que el único sindicato de trabajadores que reconoce es el de la CTM y tienen confianza en que el resultado favorecerá al Ayuntamiento.
