Acusan marmoleros que su despido se pudo tratar de una represalia ante su negativa por laborar 12 horas
EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO.- Asistir al funeral de un compañero les costó el empleo a 19 trabajadores del turno nocturno de la empresa Servicios Integrados del Mármol, quienes ayer permanecieron en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) para demandar su liquidación y de paso, denunciar una serie de arbitrariedades y violaciones a la Ley laboral.
En lo que fue una jornada de conflictos para el tribunal, los trabajadores marmoleros solicitaron la intervención del regidor Rafael Ramos Herrera, quien pidió que se enviara un inspector a las instalaciones de la planta, ubicadas en el bulevar Armando del Castillo Franco, en la cuarta etapa del Parque Industrial, para verificar las condiciones de trabajo.
Los afectados señalaron que la noche del lunes acudieron al funeral de Jesús Hernández Ochoa, quien era empleado de la empresa y fue encontrado sin vida en un canal de riego contiguo al ejido Santa Elena, del municipio de San Pedro.
A pesar de que avisaron al encargado y obtuvieron el permiso para no presentarse a laborar, la noche del martes les fue negado el acceso a la fábrica, con el argumento de que faltaron a la jornada anterior.
Todos los afectados residen en el poblado Santa Brígida, del municipio de San Pedro, donde abordaron el camión de transporte de personal y fueron llevados hasta las instalaciones de la empresa, pero al negarles el acceso ya no tuvieron manera de regresar a sus casas, debido a que el miércoles tampoco se les dejó trabajar, se vieron obligados a quedarse a dormir afuera de la planta, según dijeron.
Los trabajadores indicaron que el dueño de la empresa, Marco Antonio Gordillo, les había propuesto recientemente negociar la ampliación de la jornada de trabajo a 12 horas, y consideraron que su negativa originó estas represalias.
El turno nocturno inicia a las 22:00 horas y termina a las ocho de la mañana del día siguiente, aunque los sampetrinos hacen casi dos horas en el trayecto desde Santa Brígida a la planta del Parque Industrial y el mismo lapso de regreso a sus casas.
Según denunciaron, la empresa paga a diez pesos cada hora extra por jornada de trabajo; todos los empleados están clasificados como ayudantes a pesar de las distintas jerarquías y tareas que desempeñan, por lo que para efectos de pago de impuestos y seguridad social todos perciben un sueldo de 76 pesos diarios, mientras que quienes tienen un ingreso más alto lo reciben como una compensación.
PERSISTE INCONFORMIDAD
A la protesta de los empleados de la marmolera se sumó la de los trabajadores de la empresa de carrocerías Gallegos, quienes el pasado martes se inconformaron por el supuesto despido injustificado, después que demandaban mayores utilidades.
El abogado defensor, José Luis García Cervantes, dijo que solicitarían la presencia de la directora de Trabajo y Previsión Social en el Estado, Margarita Quiñones, por considerar que la JLCA se ha mostrado incompetente y limitada en la resolución de los conflictos, que según dijo se han generalizado por las prácticas de explotación y abuso contra la clase obrera.
Ex trabajadores de la planta maquiladora Tems Jeans, también solicitaron al presidente de la Junta, Francisco Javier Covarrubias, agilidad en la emisión del laudo en el proceso laboral que llevan por despido injustificado desde hace cinco meses en perjuicio de un grupo de 15 personas, de un total de 95.
La representante de los afectados, Candelaria González, dijo que esperan que el laudo les favorezca después que ayer se realizaría una audiencia y los representantes de la planta no acudieron, con lo que se declararon en rebeldía y el caso deberá seguir su curso hasta concluir.
Según indicaron algunas ex trabajadoras, la empresa las despedía constantemente y luego las recontrataba, como una estrategia para que no acumularan antigüedad ni derechos.
Conflictos aislados
Para el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), Francisco Javier Covarrubias García, los conflictos laborales son aislados y no significan la existencia de una crisis o detonante en la relación de las empresas con sus trabajadores.
Consideró que los casos tanto de la fábrica marmolera como la de carrocerías, son recientes y el último de éstos quedó resuelto satisfactoriamente, con la reintegración a su trabajo de unas 34 personas y el inicio de la liquidación de otras seis que ya no aceptaron seguir laborando ahí, contrario a la afirmación del representante legal de los obreros, quien aseguró que el problema continuaba.
Covarrubias García dijo que ya había mandado citar al representante de Servicios Integrados del Mármol para tratar de conciliar, aunque aseguró que éste mismo le había hecho saber vía telefónica que no había ninguna intención de despido ?y que los trabajadores ahí tienen su fuente de empleo?.
En este caso, dijo que se atendería la petición de enviar a un inspector para revisar las condiciones de trabajo de la planta, así como el contenido del contrato colectivo de trabajo y un supuesto convenio interno, en el que están fijadas todas las condiciones denunciadas como irregulares por los trabajadores.
Argumentó que hasta antes de esta denuncia, no se había conocido de alguna situación anómala, mediante las revisiones de rutina que practican los inspectores a su cargo.
La JLCA, reconoció, sólo dispone de dos verificadores para el universo de 300 ó 400 empresas de la localidad, aunque refirió que la principal función de este tribunal es propiciar la conservación de las fuentes de empleo y que en todo caso, la conclusión de la relación obrero-patronal se realice de acuerdo con las condiciones de la Ley Federal del Trabajo.
