“La Ley es la conciencia de la
humanidad”.
Concepción Arenal
El enfrentamiento de Sicartsa del 20 de abril, que dejó dos mineros muertos, fue inmediatamente aprovechado para propósitos políticos. El Gobierno perredista de Michoacán de Lázaro Cárdenas Batel, cuya Policía participó en el operativo, ostensiblemente retiró a su policía del lugar tras ser criticado por varios dirigentes del PRD. El candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo, ha acusado en distintos foros al Gobierno de Vicente Fox de represor. Los sindicatos que han salido en defensa del líder sindical Napoleón Gómez Urrutia han cuestionado al candidato presidencial del PAN Felipe Calderón.
También en las batallas de San Salvador Atenco del tres y el cuatro de mayo hay un muerto y decenas de lesionados, algunos de ellos de gravedad. Pero ha sido más difícil el revoloteo de los buitres para provecho electoral. La razón es que gobiernos de tres partidos estuvieron involucrados en los hechos.
El Gobierno municipal de Texcoco pertenece al PRD. Fue esta Administración la que ordenó la reubicación de los vendedores de flores del mercado Belisario Domínguez. Cuando ocho de los 48 vendedores se negaron a abandonar el lugar, la primera Policía que actuó contra ellos fue la municipal. Y en esta acción se generó el primer enfrentamiento.
La Policía municipal no pudo controlar la situación, debido a que los vendedores de flores tenían el respaldo de militantes del Frente de Pueblo en Defensa de la Tierra encabezado por Ignacio del Valle. Éstos estaban armados con machetes, palos, piedras y bombas tipo Molotov. Por ello la presidencia municipal perredista le pidió ayuda al Gobierno estatal del priista Enrique Peña Nieto, que envió a un contingente de Policía estatal.
Después del primer zafarrancho los militantes atenquistas, que contaban ya con el apoyo de miembros del Consejo General de Huelga de la UNAM, tomaron la carretera Texcoco-Lechería. Fue entonces cuando se solicitó el apoyo de la Policía Federal Preventiva del Gobierno panista de Vicente Fox.
Al final, pues, en las acciones policíacas en San Salvador Atenco estuvieron involucrados gobiernos de los tres principales partidos políticos. Cualquiera que quiera utilizar estos trágicos acontecimientos para su beneficio político tendrá que pensarlo dos veces porque las acusaciones pueden revertírseles.
No deja de ser significativo que Roberto Madrazo, el mismo que en las últimas semanas ha acusado al presidente Fox de represor en el caso del operativo de Sicartsa, ayer deslindó al Gobierno del priista Peña Nieto de los hechos, que dijo fueron producto de que el Gobierno panista dejó “crecer los machetes y la ingobernabilidad”. Madrazo, de hecho, exigió mano dura contra los transgresores de la Ley.
Ayer fue encarcelado Ignacio del Valle, el líder atenquista. Otros dirigentes del movimiento han sido también detenidos. Esto está provocando nuevas presiones y movilizaciones. Ayer el Frente Popular Francisco Villa y el Consejo General de Huelga de la UNAM llevaron a cabo bloqueos de calles y carreteras pidiendo la liberación de los “presos políticos”. Y la tentación de hacerlo será grande entre las autoridades que buscan evitar conflictos en un año electoral.
Pero caer en esa tentación sería un error muy grande. Recordemos cómo en 2002, cuando Del Valle y sus seguidores cerraron la carretera Texcoco-Lechería y secuestraron y vejaron a policías y funcionarios gubernamentales, las autoridades del Estado de México y federales dijeron que no habría impunidad y que Del Valle y Adán Espinoza Rojas, detenidos por esos hechos, no serían liberados como parte de una negociación. Al final, sin embargo, quedaron en libertad ante el deseo de las autoridades de evitar problemas. Pero los problemas, como lo atestiguamos en estos últimos días en Atenco, simplemente quedaron en estado latente.
Los políticos tienen una tendencia natural a “negociar la Ley”. Ayer mismo el jefe de Gobierno de la ciudad de México, Alejandro Encinas, pidió a los distintos protagonistas del enfrentamiento que busquen una salida “a partir del acuerdo, del entendimiento, de la conciliación... No puede ser -dijo- que por un asunto de reordenamiento de la vía pública se pierdan vidas humanas y se llegue a este nivel de confrontación política”. En su conferencia de prensa Encinas tuvo cuidado de hacer el llamado sólo a las autoridades estatales y federales, así como al pueblo de San Salvador Atenco, pero no al Gobierno perredista de Texcoco, que fue el que llevó a cabo el desalojo de vendedores que llevó al enfrentamiento.
La verdad es que no todos los problemas se pueden negociar. En algunas ocasiones es indispensable aplicar la Ley y utilizar la fuerza pública. Esto genera problemas, pero en el largo plazo evita explosiones de violencia como las que vimos en Atenco.
VOCES
Un policía del Estado de México llama a mi programa de radio y dice: “Yo estuve ahí. Nos mandan sin armas. Estas personas están con machetes y bombas (tipo) Molotov... No nos dan orden para podernos defender”. Varias personas de San Salvador Atenco, por otra parte, llaman para afirmar que la mayoría del pueblo no está representada por Ignacio del Valle, a quien acusan de sólo buscar su provecho político.
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