El Siglo de Durango
La percepción de un bajo salario puede ser un factor que influya en la corrupción e impunidad, pero no es un justificante porque desde el momento en que una persona se integra a cuerpos policiacos o como jueces saben la cantidad a percibir, aseveró el diputado panista Juan Quiñones Ruiz.
Sin embargo, admitió que el dicho ?tú haces que me pagas y yo hago como que soy corrupto? es lo que sucede no sólo con los investigadores, corporaciones policiacas, sino también en los agentes del Ministerio Público.
El vicepresidente nacional de la Federación de Colegios y Barras de Abogados de México, Óscar Castro Cantú, recientemente opinó que la corrupción e impunidad laceran a las instituciones en el país, sobre todo en los ámbitos estatales a las áreas de procuración y administración de justicia.
Como factores que generan la corrupción e impunidad en la entidad, señaló los bajos salarios que perciben los jueces estatales y la nula investigación que realizan las agencias del Ministerio Público del fuero común.
En ese sentido, el legislador local declaró que cada quien debe entender que al momento de tomar un compromiso con la sociedad, a nivel municipal, estatal o federal, se tiene una percepción salarial baja pero no están obligados a aceptarla.
?Simple y sencillamente si les parece bajo el sueldo a los funcionarios o trabajadores policiacos, que no lo acepten; habrá personas con más necesidad o responsabilidad que sí lo aceptarían?, enfatizó el panista.
Aseveró que los sueldos actuales no están acordes con el trabajo que realizan, por lo que debería haber un incremento salarial, sobre todo incentivos por eficiencia mostrada en cada uno de los agentes del Ministerio Público, agentes de investigación, AFI, Policía Preventiva y jueces.
Se debe implementar un aumento de sueldo a los trabajadores de corporaciones de seguridad pública y jueces, así como una selección exhaustiva, a través de las academias, dando continuidad a la carrera policiaca con una mayor percepción económica, afirmó.
Antecedentes
El más reciente caso de corrupción en un área de procuración y administración de justicia se registró en el recién creado Tribunal para Menores donde un Secretario de Acuerdos presionó a un infractor para que le diera 30 mil pesos a cambio de otorgarle la libertad; de lo contrario, le iban a imputar más delitos para elevar la pena.
Ante esto, el Gobernador del Estado exigió un castigo ejemplar contra este funcionario, independientemente de su posición, en lo que catalogó como una oportunidad de iniciar un procedimiento fuerte.
Por su parte, el Centro Empresarial Durango (Coparmex) reprobó estos hechos y exigió que se actuara sin alguna protección contra los funcionarios o autoridad que pudieran violar la ley al caer en corrupción.
