Un empleado de Ford Company de Estados Unidos filtró noticias a un periódico de Detroit, un documento de 28 páginas, en el que se afirma que esa industria automotriz planea una inversión en México de nueve mil doscientos millones de dólares en seis años, creando ciento cincuenta mil empleos.
México es una oportunidad para potenciar las ventajas de costos y ubicación, reduciendo los costos fijos corporativos, mejorando la calidad y la velocidad de las entregas.
Este proyecto se presenta cinco meses después de que la Ford clausuró en Estados Unidos 14 plantas y canceló treinta mil empleos, para reducir costos y ante su caída en la participación del mercado americano.
Ford tiene en México una fábrica de motores y dos ensambladoras y espera obtener incentivos del Gobierno mexicano, trayendo empleos de ingeniería y aumentando sus compras en México.
Según la fuente, el anuncio oficial se haría antes del dos de julio para apoyar la candidatura de Felipe Calderón, pero hay también la posibilidad de retardarlo hasta después de las elecciones para evitar confrontaciones con el Gobierno, en caso de que Calderón perdiera la elección.
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Para muchas personas el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, representa una seria amenaza para la estabilidad económica del país al seguir las mismas políticas populistas que impusieron al país los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo. Se teme que la política de subsidios a los ancianos, a los discapacitados, a las madres solteras; la eliminación de impuestos para todos aquellos que ganen menos de diez mil pesos al mes; la disminución de tarifas de electricidad, gas y gasolinas, representaría una disminución anual de recursos públicos de alrededor de 250 mil millones de pesos, que habría que financiar con préstamos y o con la emisión de papel moneda. Esto nos llevaría a una crisis económica, semejante a la del 74 y la del 80.
Afortunadamente ya no es cierta la afirmación de Echeverría de que “las finanzas se manejan desde Los Pinos”.
El primer gran cambio fue que la autonomía del Banco de México decretada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, impide que el Gobierno determine la política monetaria y le quita al presidente de la República la posibilidad de destituir a la junta de Gobierno del Banco.
El segundo paso fue la aprobación de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que convierte en Ley el presupuesto equilibrado.
Otro gran cambio se dio en diciembre de 1997 cuando por primera vez el partido en el Gobierno perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, obligando al presidente a negociar el presupuesto y la deuda.
Para quitar la autonomía al Banco de México tendría que modificarse la Constitución, para lo que se necesita el voto aprobatorio de dos terceras partes de la Cámara más el apoyo de más de la mitad de las Legislaturas estatales.
En el caso de que un Gobierno quisiera emprender políticas financieras cuestionables, chocaría con el Congreso, con un buen número de gobernadores, con el Banco de México, con los inversionistas nacionales y extranjeros y con la opinión pública.
Si los principales inversionistas se dieran cuenta que Andrés Manuel López Obrador es una verdadera amenaza para la estabilidad del país tendríamos una fuga de capitales en gran escala y no es que agrade a los inversionistas las propuestas del “candidato de la izquierda” (????), pero los candados legales que disponemos resultan muy difíciles de abrir.
Pero hay que decirlo claramente en nuestro sistema tiene también un gran defecto, incluso si el peligro del populismo a ultranza no parece probable, lo que sí puede suceder es que la insensatez se manifieste en la parálisis legislativa que ya hemos vivido estos seis años y que nos ha inmovilizado. Podría ser un segundo sexenio desperdiciado.
