Aprueba la ciudad de Palm Bay en Florida sancionar a quienes empleen a ilegales.
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Miami, FLORIDA.- En la ciudad de Palm Bay, en la costa de Florida, se aprobó de manera inicial una ordenanza que establecería sanciones a empleadores que contraten trabajadores indocumentados, la primera en su tipo en el estado.
Voceros de Palm Bay, ubicada sobre la costa atlántica, a unos 320 kilómetros al norte de Miami, precisaron ayer sábado que la propuesta del consejal Andy Anderson fue aprobada por cuatro votos contra uno el jueves en una audiencia pública.
La iniciativa, que podría ser votada de manera definitiva a finales de agosto, autorizaría a funcionarios locales investigar casos e imponer sanciones que van desde 500 dólares por cada violación hasta prohibir tener contratos con la ciudad durante dos años.
En la audiencia pública hablaron a favor de la propuesta varios residentes locales, mientras que representantes de grupos pro derechos civiles y de inmigrantes la calificaron como discriminatoria.
Aunque no hay cifras oficiales, se estima que en la localidad hay miles de indocumentados -de los más de 100 mil habitantes de la ciudad-, en su mayoría de origen hispano.
La mayoría de indocumentados labora en la industria de la construcción, que cuenta con una gran demanda sobre todo a raíz de los huracanes que afectaron la región en 2005.
El único voto contra la ordenanza fue emitido por el alcalde John Mazziotti, quien dijo que lo hizo porque no ve una manera efectiva de instrumentar la medida. La argumentación de la iniciativa indica que la contratación de indocumentados reduce los salarios en la ciudad y es una práctica injusta contra las empresas que emplean a trabajadores legales.
De aprobarse la propuesta, Palm Beach sería la primera localidad del estado con una Ley de su tipo, aunque desde ahora se anticipa que sería impugnada ante las cortes.
El pasado 24 de julio, Avon Park -una pequeña población agrícola del centro de la entidad- rechazó una ordenanza más severa con los extranjeros sin papeles.
A nivel nacional hay cientos de iniciativas anti-indocumentados que son analizadas por ciudades y estados, como respuesta a lo que se percibe como falta de acción por parte del Congreso Federal, que analiza una reforma migratoria a nivel nacional.
En diciembre de 2005 la Cámara de Representantes aprobó construir más de mil 100 kilómetros de muros en la frontera de Estados Unidos con México y criminalizar a los indocumentados, pero no incluyó ninguna forma de alivio a los extranjeros sin papeles.
Por su parte, en la primavera de este año la Cámara de Senadores aprobó una propuesta que contempla la regularización de varios millones de los más de 11 millones de indocumentados.
Hasta ahora no hay una fecha establecida para que un comité bicameral negocie la conciliación de una iniciativa común que pueda ser aprobada y enviada para su firma al presidente George W. Bush.
