EL SIGLO DE TORREÓN
SALTILLO, COAH.- El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un intento por echar abajo la decisión de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado para avalar la opacidad del Ayuntamiento de Saltillo, quien se niega a proporcionar información sobre los empleados eventuales y los beneficiarios del DIF.
El consejero presidente del ICAI, Eloy Dewey Castilla, confirmó que el organismo sólo espera que el Tribunal local notifique la decisión para promover ante la SCJN una controversia constitucional.
El fin de semana, los magistrados coahuilenses determinaron que el ICAI extralimitó sus facultades pues no puede exigir al Ayuntamiento de Saltillo responda a una solicitud de información donde se le requieren datos relacionados con la nómina de trabajadores eventuales y el padrón de beneficiarios del DIF municipal.
Quien presentó la solicitud de información es el actual diputado local del Partido Acción Nacional, Jorge Rosales Saade. La información requerida es del periodo municipal anterior, concretamente del periodo en el que el ahora gobernador, Humberto Moreira Valdés, dejó el cargo en manos de Ismael Ramos Flores, actual secretario de la Función Pública Estatal, quien se desempeñó como alcalde interino.
?Lo que sucedió es algo muy grave y a la vez es muy importante para los ciudadanos, porque el fallo del Tribunal Superior de Justicia en el Estado avala una decisión del Ayuntamiento de Saltillo donde se duplican los trámites que los ciudadanos deben realizar para tener acceso a la información?, indicó.
Y es que según la decisión de los magistrados encabezados por Gregorio Pérez Mata, presidente del TSJE, antes de quejarse ante el ICAI sobre el rechazo a su solicitud de información, Rosales Saade debió agotar las instancias inmediatas, como presentar una inconformidad ante el propio Ayuntamiento.
?El asunto es delicado porque si los ciudadanos se van a sujetar a esta medida el acceso a la información pública dejarían de ser acciones expeditas y sencillas para los ciudadanos, tal y como lo establece la Ley de Acceso a la Información?, anotó Dewey.
?Por eso nosotros solamente estamos esperando que el Tribunal nos notifique su decisión y a partir de ahí se habilita un periodo de 30 días para que nosotros nos podamos inconformar y es totalmente probable que vayamos a recurrir ante instancias superiores, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante quien promoveremos una controversia constitucional?, puntualizó el entrevistado.
