El Siglo de Durango
Estima la Dirección General de Transportes del Estado (DGTE) que un 20 por ciento de las unidades del servicio público requiere renovarse. Carlos Burciaga Rosales, responsable de la dependencia, afirma que sí se buscan los mecanismos para lograr financiamientos blandos.
Javier Covarrubias Vázquez, líder choferil de la CTM, expresó que aunque el Gobernador del Estado dijo que les brindaría su apoyo para la adquisición de nuevas unidades, ignoraban cómo se manifestaría dicho respaldo.
Burciaga Rosales responde que el Gobierno del Estado podría darles el aval para su crédito pero no apoyar con recursos económicos. Testifica que parte de su tarea consiste en buscar las mejores opciones para los transportistas.
Estima que en un 80 por ciento de los automotores del servicio público cumplen con la normatividad y están en buenas condiciones, ya que hay modelos que no tienen ni cinco años de uso. Por eso, no se puede obligar a una renovación total del parque vehicular.
?Como autoridad, como Gobierno del Estado estamos buscando alguna alternativa viable para que las organizaciones que tienen concesionado el transporte público tengan la opción de algunos créditos, sabemos que deben ser blandos, accesibles, que puedan ser pagados?, expone.
Recuerda que en el periodo 1994-1995 varios transportistas decidieron cambiar sus unidades vía el financiamiento pero debido a la crisis económica que se suscitó, el pago se tornó complicado y hasta hace apenas un año saldaron su deuda.
De allí que prevalezca cierta desconfianza en el sector respecto del uso de los créditos; no obstante, comparte que después de unas pláticas con una compañía, cerca de 100 personas se interesaron en cambiar sus microbuses.
?Estamos viendo posibilidades de financiamiento para ellos, sabemos que son áreas como la Sedesol, como el Banco Mundial, Nafin, quienes pueden proporcionar un crédito factible?, notifica.
?Nos interesa mucho que los permisionarios tengan créditos blandos, no nos interesa que se embarquen en una situación que no vayan a pagar y que digan que el Gobierno los obligó a hacerlo. Por eso hemos visto varias opciones?, exterioriza.
A su vez, los propios sindicatos se han dado a la tarea de buscar alternativas de crédito pero falta afinar algunos detalles, en especial, en lo que compete a la erogación total que se llevará a cabo, ya que en promedio cada unidad cuesta de 650 mil a 800 mil pesos.
?No queremos dejarlos solos. Hemos buscado créditos viables. Nosotros podríamos de cierta manera obligarlos en el cambio de unidades pero la idea es buscar alternativas viables?, insiste.
Burciaga Rosales define que, en términos generales, el cambio de unidades es benéfico tanto para los propios concesionarios como para el Gobierno y, por supuesto, los usuarios.
Tiempo límite
El servicio público de transporte de pasajeros únicamente podrá prestarse en autobuses y vehículos que cumplan con las especificaciones y modelos de fabricación que se determinen para los diversos servicios, respetando los siguientes máximos:
-Urbano: diez años.
-Suburbano: 15 años.
-Foráneo: 15 años.
-Especializado: 15 años.
-De alquiler: cinco años.
-Cumplido el tiempo máximo, los autobuses y vehículos serán sometidos a las verificaciones y revisiones; si de las mismas resulta que se encuentran en condiciones que garantizan calidad y eficiencia, la DGTE les podrá autorizar para seguir operando hasta por dos años más.
FUENTE: Ley de Transportes para el Estado de Durango.
