EFE
BOGOTÁ, COLOMBIA.- Tres congresistas colombianos cuya detención fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia por nexos con escuadrones paramilitares de derecha, no se han entregado y están en paradero desconocido, informaron ayer fuentes oficiales.
El Supremo colombiano ordenó el jueves aprehender a los senadores Álvaro García Romero y Erick Morris Taboada, y a Jairo Enrique Merlano, de la Cámara de Representantes, acusados de estar asociados con el grupo de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) responsable de numerosos crímenes de lesa humanidad.
Los mandos de la Policía declararon ayer que tienen orden de detener a los tres parlamentarios del departamento caribeño de Sucre, en el norte del país, y para ello han registrado propiedades rurales de los políticos.
Mientras tanto, los abogados de los acusados anunciaron que éstos están a la espera de entregarse cuando haya condiciones apropiadas para hacerlo. Otras dependencias estatales han verificado si alguno de los políticos salió ilegalmente del país.
El coronel Jorge Andrés Rodríguez, jefe de la Policía de Sucre, declaró a los periodistas que han buscado sin éxito a los parlamentarios en esa región situada 800 kilómetros al norte de Bogotá. El viernes, el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, instó a los acusados a presentarse de forma voluntaria ante la justicia.
“Como buenos ciudadanos que han sido, a través de su trayectoria política y pública, deben entregarse para que ejerzan sus derechos para defenderse”, manifestó el funcionario.
El abogado Alberto Sotomayor, defensor de Érick Morris Taboada, indicó que espera que se defina un sitio para recluir a su cliente.
AFINIDAD CON GRUPOS
Los tres políticos son miembros de grupos afines al presidente de los tres, la acusación más grave afecta al senador García Romero, acusado de instigar en 2000 una matanza de 20 campesinos a manos de paramilitares.
Las AUC, que reunían a las cooperativas campesinas creadas hace veinte años para combatir a las guerrillas, celebraron negociaciones de paz con el Gobierno desde 2003 hasta hace pocos meses.
En dicho proceso se desmovilizaron más de 31 mil combatientes, incluida la mayoría de los cabecillas, que esperan que se defina su situación y si tienen derecho a los beneficios de la ley de justicia y paz promulgada por el Congreso.
Tras la orden de detener a los tres legisladores, varios políticos y analistas recordaron que hace tres años líderes de las AUC como Salvatore Mancuso afirmaron que tenían controlado más de un tercio del Legislativo por medio de la financiación de campañas o de candidatos impuestos en las regiones bajo su influencia.
