El cabildero norteamericano Jack Abramoff decidió no hundirse solo. Puesto a elegir entre una condena a treinta años de cárcel si guardaba silencio o una de nueve si revelaba sus secretos, escogió la segunda opción. Y a partir de hoy comenzará a saberse qué legisladores, sobre todo pertenecientes al Partido Republicano, recibieron a lo largo de muchos años contribuciones y sobornos para favorecer los intereses de las empresas y grupos a los que Abramoff y su socio Michael Scanlon representaban ante las Cámaras.
El juicio a Abramoff no sólo cancelará la carrera de algunos senadores y representantes, sino que revelará la verdadera naturaleza del debate legislativo, que las más de las veces se resume en la toma de posición pagada de los parlamentarios. Puesto que el sistema de financiamiento electoral en Estados Unidos descansa en aportaciones de particulares, el condicionamiento o, para decirlo con mayor crudeza pero también más claridad, la compra de voluntades, comienza con las contribuciones a las campañas y puede continuar, coyuntural o sistemáticamente, durante todo el ejercicio legislativo.
El fenómeno no es nuevo en Estados Unidos y otros países donde el Congreso toma decisiones de fondo. En una cinta que estuvo en cartelera el año pasado, sobre la vida del peculiar magnate Howard Hughes, se evidencia el papel de un senador comprado por una línea aérea resuelta a echar del mercado a Hughes, que actúa sin el menor embozo.
En México el cabildeo, el que se desarrolla honestamente y el que acude a la persuasión por vía pecuniaria, es un fenómeno nuevo y su edad coincide con la de la autonomía parlamentaria. Hasta antes de 1997, cuando el PRI dominaba con holgura ambas Cámaras, era innecesario convencer o comprar legisladores, porque su intervención en el proceso de confeccionar leyes o formular el presupuesto era casi nula.
En cambio, a partir de esa fecha han crecido las posibilidades que los legisladores legislen y no lo haga sólo el Ejecutivo. Empresas, sus asociaciones, grupos de interés y aun dependencias gubernamentales o gobiernos estatales descubrieron la posibilidad de hacerse oír por los diputados y senadores y de sacar avante o frenar disposiciones favorables a sus intereses, o lo contrario.
Los agentes de enlace legislativo, como se les llama, han proliferado y ocupan en San Lázaro y Xicoténcatl espacios crecientes, que por ahora comparten con la prensa.
De suyo, el cabildeo es una actividad lícita, que aporta información a los legisladores cuando abordan situaciones concretas, como la fijación de impuestos a bienes y servicios o determinan exenciones o establecen reglas para los negocios privados. Pero es tenue la línea que separa ese trabajo socialmente útil de la componenda que incorpora intereses privados ocultos a las decisiones de un cuerpo deliberativo.
En el pasado periodo de sesiones ordinarias el diputado panista, Miguel Ángel Toscano, provocó un escándalo cuando aseguró que varios legisladores habían aceptado sobornos de empresas tabaqueras, en su afán de que no se impusieran nuevos gravámenes sobre sus productos. Forzado a identificar por sus nombres a los denunciados en general, lo hizo e incluyó a miembros de su propia bancada.
Los diputados perredistas incluidos en la lista ofrecida por Toscano negaron haber recibido regalos o invitaciones y su indignación por la mendacidad del panista los condujo a presentar en su contra una denuncia penal por difamación, a sabiendas que no sería posible llevarlo realmente a juicio salvo que se le desaforara.
Fue una lástima que Toscano se retrajera de su decisión inicial. Su lance frustrado hubiera sido piedra de toque para esclarecer los mecanismos que no sólo las tabaqueras ponen en práctica y no sólo ante los legisladores, para obtener legislación en su provecho.
En el caso específico de las cigarreras hay que decir que sus eventuales sobornos a diputados eran redundantes, porque han conseguido un status fiscal singular, en que obtuvieron el derecho de trocar impuestos por donaciones. El convenio respectivo, que implica la aportación de hasta un peso (en la porción final de su vigencia) por cada cigarrillo, dispone claramente que sus cláusulas dejan de ser aplicables si se produce un cambio en la fiscalidad correspondiente.
Las declaraciones patrimoniales de los legisladores deberían estar a disposición de los ciudadanos, para poder averiguar si hay congruencia entre las dietas (que es el ingreso único de la mayor parte de los diputados y senadores) y su capacidad adquisitiva.
El año pasado y hasta nuestros días varios legisladores han pagado onerosas campañas en busca de candidaturas y la sociedad ignora el origen de los fondos, necesariamente abundantes, aplicados a ese propósito político. No sorprenderá a nadie saber que patrocinar total o parcialmente esas campañas es parte del cabildeo ilícito que es un vicio nuevo entre nosotros.
Frustrado el intento de Toscano, atemorizado su protagonista o fallido su propósito de hacerse notar en su propósito de contender por la candidatura panista al Senado, sería una fortuna para la sociedad que en el otro extremo de la cadena, como en el caso de Abramoff, se aceptara revelar los sistemas de persuasión empleados ante el Congreso mexicano. Es ingenuo pensar, sin embargo, que eso ocurra de modo espontáneo y sin que, como el caso del cabildero ahora en dificultades, la justicia lo presione, porque la sociedad mexicana carece de instrumentos para lograrlo.
