Durante largo tiempo voceros del partido oficial llamaron al PAN el partido de los banqueros. Ciertamente, abogados bancarios fueron panistas eminentes. Acción Nacional fue concebido por Manuel Gómez Morín en su oficina del Banco de Londres y México (hoy Santander Serfín). Y en su primer grupo parlamentario figuró Antonio L. Rodríguez, director del centro bancario de Monterrey. Pero no quiero reproducir la conseja vulgar repetida por el PRD y el PRI durante largo tiempo. Hoy, con información cierta muestro que su condición de ejecutivo bancario en sus mocedades ayudó al ahora candidato presidencial Felipe Calderón a cubrir deficiencias a su llegada y su paso por Banobras. Y con base en esa información me pregunto si además de bancario fue becario de una institución privada de crédito.
En rigor estricto el presidente Vicente Fox al nombrarlo y Calderón al aceptar la designación de director general de Banobras, violaron las leyes, orgánica de ese banco y la general de instituciones de crédito. Sacado de su lugar al frente de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Calderón incumplía el requisito de “haber prestado por lo menos cinco años sus servicios en puestos de alto nivel decisorio, cuyo desempeño requiera conocimiento y experiencia en materia financiera y administrativa”.
Se tuvo que echar mano, para disfrazar o mitigar la infracción legal, de un antecedente de veinte años atrás. Cuando Calderón cursaba el segundo año en la escuela libre de derecho ingresó a Multibanco Comermex, con fecha 16 de marzo de 1988, como ejecutivo de proceso legal en la Dirección Jurídica, o sea como pasante, que después fue ejecutivo de reglamentación laboral en la Dirección de Relaciones Laborales. El seis de julio de 1988 le fue concedido permiso sin goce de sueldo porque fue elegido miembro de la Asamblea de representantes del Distrito Federal, mismo que después se prorrogó, a partir del primero de noviembre de 1991, cuando pasó a ser diputado federal por primera vez.
De modo que esos poco más de cinco años en Comermex fueron invocados, aunque claramente no implicaran “alto nivel decisorio” ni supusieran “conocimiento y experiencia en materia financiera y administrativa”, para avalar el nombramiento de Calderón. Y también se trajeron al escenario sus estudios de economía y de administración pública que, en nivel de maestría, realizó en el ITAM y en Harvard, que abonaban su conocimiento pero no contribuían a su experiencia.
Aquella antigüedad bancaria fue aducida también, tan pronto asumió el cargo, en relación con la normatividad interna del banco en cuanto a préstamos con garantía hipotecaria, para obtener los cuales se requería tener “tres o más años de servicios ininterrumpidos prestados en la institución”, según el Artículo 27 de las condiciones generales de trabajo. No obstante la contundencia de esa norma, la dirección de administración del banco, con base en circulares administrativas de la Secretaría de Hacienda, obtuvo de ésta “la dispensa de antigüedad de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa” con base en una comunicación de Scotiabank Inverlat, de 28 de marzo de 2003.
Ese banco canadiense es causahabiente de Multibanco Comermex (que al ser privatizado se convirtió en Inverlat, que al ser extranjerizado adquirió su actual denominación) y por eso estuvo en condiciones de ofrecer la información laboral que se le requirió. En el último párrafo de la carta firmada por el licenciado Roberto Carriedo Rubio, director de relaciones laborales del banco, se lee que “una vez concluído su desempeño en este último cargo (la diputación federal, cuyas funciones terminaron el último día de octubre de 1994) el licenciado Calderón Hinojosa manifestó su deseo de dar por terminada su relación de trabajo, mediante renuncia que formalizó en carta de fecha 26 de mayo de 1997”.
Me pregunto cuál fue el vínculo laboral o de otra índole entre el banco y el hoy candidato presidencial durante los casi 31 meses que separan el final de su segundo permiso, pedido por su elección de diputado y su renuncia formal. Si tuvo necesidad de renunciar en esa fecha, eso probablemente indica que se mantuvo alguna relación entre Inverlat y Calderón, que en ese lapso fue elegido presidente nacional del PAN, misma condición en que posteriormente pactó con el presidente Zedillo la conversión del Fobaproa privado en Fobaproa público, es decir la adquisición ilegal de deuda por el Ejecutivo, sin autorización de la Cámara de Diputados. De no haber persistido ningún nexo no se ve la necesidad de una renuncia, pues la relación laboral se habría extinguido al concluir el segundo permiso legislativo de Calderón. ¿Tenía algún estipendio en ese lapso, alguna beca que le permitiera pasar de bancario a becario? No se infringiría la Ley, pero mostraría la ética laxa de un partido dotado de financiamiento público que permite que su presidente obtenga ingresos profesionales con un sector al que después beneficiaría.
En el debate del 25 de abril, Roberto Madrazo acusó a Calderón de haberse autoprestado tres millones de pesos en un crédito hipotecario. El panista no contestó directamente el punto. Blandió una escritura donde consta que adquirió su casa con un préstamo comercial, pues había renunciado a una prestación laboral “aun teniendo derecho a ella”. Ignoró en su respuesta que ya Madrazo había explicado que “lo tuviste que regresar”, el crédito, “no porque tengas las manos limpias, sino porque te agarraron con las manos en la masa”.
