“México no ha adoptado medidas que
efectivamente enfrenten los problemas
de derechos humanos”.
Human Rights Watch
Para Human Rights Watch (HRW), México ha tenido un “cambio inconcluso” en materia de derechos humanos bajo el presidente Vicente Fox; el país está “perdido en la transición”, señala el informe dado a conocer ayer por esta organización no gubernamental de derechos humanos. “Los esfuerzos del presidente Fox para tratar estos problemas han sido ambiciosos en su diseño, pero, en buena parte, en la práctica no han alcanzado sus objetivos principales”.
En el informe titulado “El cambio inconcluso” en español y “Lost in Transition” en inglés, HRW no oculta el entusiasmo que le generó en un principio el Gobierno del presidente Fox. El hecho de que éste sacó del poder a un partido que había mantenido una posición hegemónica durante 71 años, y que prometió romper con los vicios del pasado en materia de derechos humanos, era la razón de ese optimismo.
Pero si bien HRW reconoce algunos logros importantes del Gobierno de Fox, su evaluación final es bastante negativa. El informe responsabiliza al presidente de no haber ejercido el liderazgo que le habría permitido al país obtener mayores avances en este tema.
HRW reconoce como dos grandes logros la adopción del Gobierno mexicano de un mayor activismo internacional en materia de derechos humanos y la creación de un régimen de mayor transparencia.
Paradójicamente, sin embargo, el mayor activismo del Gobierno a nivel internacional parece ir a contrapelo de la actitud de la mayoría de los mexicanos, quienes siguen respaldando el viejo principio juarista de la no intervención en los asuntos de otros estados. Las encuestas de opinión han revelado, por ejemplo, una insatisfacción de los mexicanos con el activismo del Gobierno en el tema de los derechos humanos en Cuba.
En el caso de la transparencia, por otra parte, no hay duda de que la legislación de acceso a la información es uno de los grandes logros de este sexenio. Pero no cerremos los ojos a la realidad. El presidente Fox no impulsó esta iniciativa. De hecho, antes de que se aprobara la actual legislación decía con frecuencia que la transparencia era parte de la agenda de algunos periodistas pero que no le importaba a la mayoría de los mexicanos.
Del otro lado, responsabilizar personalmente al presidente Fox de una supuesta falta de liderazgo en derechos humanos parece injusto. El informe de HRW, por ejemplo, afirma en el tema de la adopción por México de los tratados internacionales de derechos humanos que “el Gobierno de Fox ha reducido el valor de estas ratificaciones al permitir al Senado que adjunte declaraciones interpretativas y reservaciones que limitan las consecuencias de los tratados en México”. Sin embargo, pretender que el presidente de la República puede imponer su criterio sobre el Senado es no entender cómo funciona una democracia. Algunas de las salvaguardas de los senadores, por otra parte, no tenían otro propósito que respetar la Constitución que, entre otras cosas, prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes.
El informe de HRW incluye también una opinión que señala que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado no ha podido castigar a los responsables de los crímenes de Estado de los años sesenta y setenta debido a las conexiones de éstos en el sistema político. No toma en cuenta que en muchas ocasiones han sido los jueces los que han fallado a favor de los acusados y que en los casos que estamos empezando a conocer, como el de Luis de la Barreda Moreno, las acusaciones parecen haber carecido de sustento desde un principio.
El informe, de cualquier manera, tiene muchos puntos atendibles. Subraya, por ejemplo, que la tortura persiste en nuestro país. Su propuesta de que sólo las declaraciones hechas ante un juez deben tener validez jurídica sería una forma de acabar de raíz con este abuso. Ante las críticas de que esto debilitaría la acción de la Policía, el informe responde correctamente que detener y torturar inocentes no es forma ni de procurar justicia ni de acabar con la delincuencia.
La manera de mejorar las prácticas de derechos humanos y de seguridad pública, según el documento, es hacer una reforma a fondo del sistema de justicia. Y es verdad. Por eso se entiende la desesperación de los directivos de HRW. Como tantos mexicanos, ellos se sintieron esperanzados por el fin del sistema de partido único en nuestro país, pero hoy se dan cuenta de que la democracia es una condición necesaria pero no suficiente para construir una nación más justa.
Si queremos vivir en un país en el que no se violen los derechos humanos, tendremos que entrar a la reforma de fondo del sistema de justicia del país.
JUICIOS ORALES
Ayer, en una de las mesas redondas del seminario sobre juicios orales, representantes de los tres principales partidos políticos apoyaron la creación de estos procesos en nuestro país. Ahí no radica el problema. Las preguntas relevantes son otras: ¿Qué modalidades, por ejemplo, tendrían estos juicios? Y ¿qué medidas los acompañarían? Los juicios orales son muy importantes para dar mayor agilidad y transparencia al sistema, pero se necesitan acciones adicionales para que realmente tengamos justicia.
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