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MÉXICO, DF.- La impresión de 150 millones de libros al año para una población en el país de 110 millones de habitantes refleja un bajo nivel de ventas, poca afinidad por la lectura y el impacto de la piratería, señaló José Ángel Quintanilla, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem).
Quintanilla aseguró que en la nueva Ley de Fomento a la Lectura, el artículo referente al precio único del libro permitirá abatir al círculo vicioso de la ?falta de interés? por leer.
En entrevista, el presidente de la Caniem explicó que gran parte de ese ?desinterés? se debe a que en todo el país sólo hay 500 librerías, cuando la ciudad de Barcelona, España tiene tan sólo en su área metropolitana esa misma cantidad.
Rechazó el argumento de que el escaso número de librerías se debe al alto costo de distribución, pues señaló que según reportes de Trillas y Dante, dos de los afiliados a la Caniem, este concepto representa sólo 2.7 y 2.8 por ciento de sus costos, respectivamente.
En su opinión, uno de los problemas radica en la competencia de las tiendas departamentales, las cuales bajan los precios de los ?más vendidos? (best sellers) hasta en 40 por ciento, como ?gancho? para ofrecer otros artículos ajenos a la lectura.
?Bajo estas condiciones es difícil que se creen nuevas librerías o vengan empresas importantes de otros países como Barnes & Noble o la Central de Barcelona?, dijo el empresario.
Con un precio único para el libro, agregó, estarían bajo las mismas condiciones librerías profesionales y tiendas departamentales, dejando a los lectores la libertad de elegir dónde hacer sus compras, con lo cual se promovería la creación de más establecimientos.
Recordó que Francia opera desde hace 150 años bajo esta modalidad, la cual se modificó en 1946 para crear poco menos de mil librerías hasta la década de los 80, y en 1991, nuevos ajustes a la legislación dieron como resultado un censo de más de tres mil locales especializados.
José Ángel Quintanilla aseveró que los márgenes de utilidad para los editores y vendedores son relativamente bajos. Por cada libro creado, la editorial gana en promedio 25 pesos y el librero 45 pesos.
Con el precio único, el margen de ganancia de toda la cadena estaría asegurado, se fomentaría la lectura y se incentivaría la inversión privada al contar con garantías de que no habrá competencia desleal.
Por lo pronto, señaló que además de las tiendas departamentales, la Caniem enfrenta a los libros piratas, reproducciones idénticas de los más buscados y al comercio informal, que vende estos ejemplares y los robados, lo que provoca una caída en ventas de 20 por ciento.
Respecto al fotocopiado, especialmente de libros académicos, indicó que esta práctica provoca en el sector una reducción en las ventas de 50 por ciento.
Sobre Internet, dijo que aún no hay cifras al respecto, pero se ha detectado que por 40 dólares y sin autorización del autor se venden hasta cinco mil libros compactados en un software.
Si a esto se suma que por cada diez por ciento de aumento en el precio de algún título las ventas caen 13.8 por ciento, la supervivencia de las pocas librerías está en grave peligro, alertó.
El editor comentó que la polémica Ley no sólo busca el precio único, también es la punta de lanza en donde editores, autores, distribuidores, libreros y autoridades coinciden para fomentar la lectura con alcances a mediano y largo plazo.
Consideró que sólo de esta manera se podrá alcanzar el desarrollo de países europeos e incluso de la India, nación que ha aplicado esta política con resultados visibles.
También se pretende que a nivel escolar, los maestros tengan libertad de elegir los libros para sus estudiantes, y a su vez éstos puedan tener acceso a nuevos títulos, pues tan sólo cada año hay 100 lanzamientos especiales para los niños, que no son aprovechados debido a lo riguroso de la política del libro de texto gratuito.
El libro escolar editado por el Estado sólo permite que seis por ciento de los títulos nuevos independientes sean aprovechados por escolares, inhibiendo así el gusto por acceder a lecturas no oficiales.
El presidente de la cámara reiteró que 150 millones de ejemplares al año, cuyo costo de producción es de seis mil millones de pesos, para una población de 110 millones de habitantes reflejan una pobre estadística de apenas 1.36 textos por persona.
