Un efecto que debieran contemplar en estos momentos los diversos dirigentes partidistas y funcionarios electos para distintos puestos de elección popular que en julio fueran postulados por la coalición Por el Bien de Todos, es la posible pérdida del capital político conseguido como efecto de dicha elección en el caso de continuar la aventura audaz de López Obrador en pos ya no sé, si de la declaración que pudiera hacerse de su hipotético triunfo electoral para la Presidencia de la República o simplemente la vulneración de la confianza popular en toda clase de instituciones nacionales vigentes.
En mi opinión ya se operó en su momento una pérdida estrepitosa del capital político que López Obrador había acumulado sobre todo a su paso por el Gobierno del Distrito Federal a través de la posibilidad diaria que tuvo en ese puesto de convertirse en noticia.
Posibilidad que se incrementó sustancialmente cuando se hizo víctima de ese “compló” con motivo del famoso “desafuero”, tras de lo cual la carrera del político tabasqueño hacia la Presidencia de la República parecía que no tenía ya ningún obstáculo enfrente y que irremisiblemente y con enorme diferencia de votos respecto de cualquier otro contendiente se lograría.
Pero entonces llegaron las decisiones cuestionables de la estrategia de campaña, como lo fue su no comparecencia al primero de los dos debates programados y su actitud soberbia en descalificar cualquier encuesta que no fuera la suya, donde su ventaja siempre era de diez puntos, pero sin referir nunca la fuente ni la metodología utilizada y que hizo que cuando menos 18 puntos porcentuales de ventaja que efectivamente López Obrador llegó a tener respecto de cualquiera de sus contendientes, se evaporaran poco a poco hasta llegar el día de la elección presidencial.
Esa misma actitud dogmática se mantiene en relación al resultado final de la votación del tres de julio y la seguridad de su triunfo por medio millón de votos, pero sin exhibir nunca ninguna de las copias de las boletas entregadas a los representantes de su partido, o sustanciar adecuadamente los elementos jurídicos indispensables para la impugnación ante el Trife.
A cambio de lo cual ha desarrollado una estrategia política de descalificación no sólo al IFE a otras instituciones de la vida nacional, promoviendo la idea de que o se le cumplen uno a uno sus caprichos de perdedor que no sabe perder o se pone en peligro la gobernabilidad de este país.
Este reto conlleva indudablemente el riesgo del fervor de sus más allegados le lleve a acciones de presión cada vez más espectaculares, pero cada vez más peligrosas en lo que a las consecuencias posibles se refiere, pero también a que todo ese enorme conglomerado de votantes que animados por su indiscutible carisma votaron por primera vez en su vida por alguno de los partidos de la coalición, reconsideran en futuras elecciones su voto por estos partidos que promueven o solapan las actitudes agresivas que son repudiadas por la gran mayoría del pueblo mexicano y por ende el capital político acumulado por estos partidos en las pasadas elecciones se dilapide nuevamente.
