EL SIGLO DE TORREÓN
Torreón, Coah.- Aunque jurídicamente fueron buenas, le ?pegaron fuerte? a la infraestructura penitenciaria de Coahuila las reformas realizadas a la Ley para la Atención, Tratamiento y Adaptación de Menores que implicó cambios a los códigos Penal y de Procedimientos Penales, asegura el diputado Miguel Riquelme Solís, coordinador de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado.
Explica que con el aumento de rango de edad a 18 años para menores infractores, éstos tienen que salir de los Centros de Readaptación Social (Ceresos) para ser canalizados a las dos Residencias Juveniles que operan en la entidad, una en Saltillo y la otra en San Pedro, pero las cuales no tienen ni la capacidad instalada, tampoco programas de rehabilitación, personal especializado, de vigilancia y ni siquiera presupuesto para destinarlo a la alimentación de más internos.
Y surgen más inconvenientes ya que una de ellas, la de San Pedro, es únicamente para varones, de ahí que en el caso de las mujeres menores de edad recluidas en el Cereso de Torreón, necesariamente tendrán que ser trasladadas a la Residencia Juvenil de Saltillo y podrían darse casos de amparo ante el traslado. Además, el esquema operativo de estas instituciones es que los menores internos tienen tutores, no custodios como sucede con los que proceden de la cárcel.
Para el legislador, la situación es seria y por ese motivo declara que mañana martes, la Comisión de Seguridad Pública que atiende también la Readaptación Social, planteará un punto de acuerdo ante el Congreso del Estado a fin de exigir enérgicamente a la Federación que proporcione los recursos que le hacen falta a Coahuila para atender las necesidades que implican los cambios en el marco jurídico respecto al tratamiento de los menores infractores y que deben tender a su verdadera readaptación y no a crear ?escuelas del crimen??.
El año pasado, Coahuila recibió recursos por 142.5 millones de pesos para Seguridad Pública y este año obtuvo la misma cantidad, sólo que pasaron dos situaciones: de esta suma se le quitó un 20 por ciento para el combate al ?narcomenudeo?, poco más de 28 millones de pesos y aunado a eso, la entidad quedó fuera de los recursos extraordinarios que otorgó la Federación a los estados fronterizos y que representarían 15 millones de pesos.
Las reformas a la Ley de Atención, Tratamiento y Adaptación de Menores, como resultado de las reformas al artículo 18 Constitucional, entraron en vigor el 12 de marzo de este año.
Se necesitan recursos
El director del Centro de Readaptación Social en Torreón, David Gerardo Fernández Hernández, advierte que para darle estricto cumplimiento a los cambios que se dieron a la Ley de Atención, Tratamiento y Adaptación de Menores, se necesitan recursos para equipar no sólo las dos residencias juveniles que operan en la entidad, sino también para crear el ? área especial? o una especie de celdas juveniles que se recomienda en los ceresos para recibir a los infractores que tienen 18 años cumplidos y están en tratamiento.
Ya de por sí la situación es problemática en el Cereso de Torreón que registra una sobrepoblación de reos, como para ahora atender esto y crear espacios para recibir a los nuevos reos que requieren de un trato aparte. Es necesario hacer remodelaciones al inmueble.
Obras Públicas del Estado realiza algunos proyectos en el edificio, pero no hay nada concreto aún, asegura Gerardo Fernández.
El Cereso de Torreón tiene 45 internos menores de 18 años. Cuatro son mujeres que tendrán que ser trasladados a cualquiera de las dos residencias juveniles en el corto plazo.
La capacidad del Cereso es de 915 reos y actualmente están internados mil 237. Un total de 75 son mujeres.
