El universal
OAXACA, Oaxaxa.- La Policía Federal Preventiva (PFP), con el apoyo de la Agencia Federal de Investigación (AFI), de la PGR, y de elementos del Ejército, catearon oficinas e instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); de la Unidad Ministerial de Intervención Táctica (UMIT), que es la Policía de élite del estado, así como la Unidad de la Fuerza Policial de Alto Rendimiento (FPAR).
De acuerdo con versiones de la PFP, fueron requisadas alrededor de 341 armas largas y cortas de un total de 472, para determinar si éstas fueron disparadas en algún momento durante los hechos de violencia que ocurrieron en el llamado “Caso Oaxaca”.
En el operativo de ayer fueron detenidos cinco agentes de la policía ministerial del estado. De éstos, dos no pudieron acreditar la portación legal de sus armas de cargo y a otros tres se les detectó en su poder vehículos robados. Al menos seis vehículos fueron sacados en grúas por la PFP. En el operativo también fue detenido el chofer de un diputado local priista al que le encontraron una pistola .38 súper.
El operativo fue ordenado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, según informó el jefe del Estado Mayor de la PFP, Ardelio Vargas y es para determinar el grado de participación de los cuerpos policiacos del estado en todos los hechos de violencia ocurridos durante los casi seis meses de conflicto en esta entidad.
El jefe del Estado Mayor de la PFP, Ardelio Vargas Fosado estuvo al mando del operativo en coordinación con el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Oaxaca, Javier Dovalá Molina. La Procuraduría General de Justicia del Estado fue virtualmente sitiada por comandos transportados en nueve camionetas y tres camiones de transporte de efectivos.
Además, un helicóptero circunvoló toda la zona durante las dos horas que duró el operativo -de las 16 a las 18 horas- lo que dio la imagen de un estado de sitio en la PGJE, pues las oficinas fueron cerradas, el personal desalojado y los policías ministeriales detenidos para acreditar sus permisos de portación de armas.
Ardelio Vargas, precisó que la PFP no mantendrá bajo custodia las instalaciones de la Procuraduría porque, aclaró “la PFP no sustituye instituciones”. Las 341 armas fueron trasladadas a instituciones militares para su revisión a fin de determinar que todo el armamento esté integrado legalmente en una licencia legal colectiva.
Destacó que en las armas requisadas encontraron huellas digitales, por lo que serán analizadas para determinar si fueron ocupadas durante los actos de violencia registrados en la entidad en los últimos meses.
