Aunque sea por vía no idónea, la nueva querella entre Emilio Chuayfett y Miguel Ángel Yunes tiene el efecto positivo de poner en primer plano el origen del conflicto que protagoniza el todavía gobernador de Puebla, Mario Marín Torres. La gravedad de su torcimiento de la Ley, y de la prepotencia con que está defendiéndose, está en que se sumó a la protección que desde el poder obtienen la pederastia y el tráfico sexual infantil denunciado por Lydia Cacho en su libro Los demonios del Edén. Al discutir las secuelas de aquel fenómeno debemos tener presente su origen, para que los subsecuentes episodios, por muy relevantes que sean, como lo es la ilegal conducta del gobernador y sus relaciones con Kamel Nacif no aparezcan como algo separado o distante del problema principal. Al contrario, su gravedad es mayor en tanto que su móvil fue castigar y silenciar a la periodista y activista civil cuyas garantías individuales fueron suspendidas y atacadas por el contubernio de Marín y Nacif. Dudo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación levanten los ojos de los códigos a cuya lectura prefieren entregarse, con abstracción del entorno en que se incuban los problemas que llegan a su consideración.
Cuando hasta Roberto Madrazo se aleja de Marín y admite que actúe el mayor Tribunal, en ejercicio de una excepcional facultad indagatoria que la Constitución les otorga, los miembros de la cúpula judicial deberían saber que su intervención es enteramente necesaria.
Lo fue en 1995, cuando la Corte nombró a los ministros Humberto Román Palacios y Juventino Castro y Castro para investigar la suprema violación de los derechos de los campesinos asesinados en Aguas Blancas. Lo será ahora, porque no sólo se investigaría el modo en que Marín se sometió al pedido de justicia a domicilio formulado por un patrocinador de su campaña, sino porque acaso resulte de esa pesquisa el nexo profundo entre ambos protagonistas del escándalo en curso, que estaría vinculado con el comercio sexual infantil.
A otro aspecto del asunto de fondo se refirió el jueves pasado el líder de los diputados priistas Emilio Chuayfett, quien preguntó si el presidente Fox es un cínico o un hombre de doble moral por haber designado secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a Miguel Ángel Yunes, que “está referido, dijo Chuayfett, en constancias ministeriales, según nos lo informa la señora Lydia Cacho como probable participante en esos temas”. En rigor estricto, Fox no designó a Yunes en ese cargo, pero lo encaminó a él, lo llevó de la mano como dijo el ex gobernador mexiquense, por haberlo nombrado antes subsecretario en la Secretaría de Seguridad Pública federal, “en función de quién sabe qué pago de favores”. Muy oportunamente informado, Yunes remitió horas después de estas expresiones una respuesta a Chuayfett. En ella insiste en haber solicitado a la PGR y a la Procuraduría de Quintana Roo que “se investigaran esos condenables hechos y se me llamara a declarar. Ambas instituciones resolvieron hace más de un año que no tuve ninguna participación en los mismos”. Si los condenables hechos a que se refiere son los atribuidos a Jean Succar Kuri, protegido de Kamel Nacif, no es verdad que la indagación se realizara por pedido de Yunes. Tan ya se habían investigado que precisamente en las actuaciones ministeriales figura su nombre, como el del senador Emilio Gamboa. La exoneración a la que alude se refiere a los hechos delictuosos, pero no implica que la información sobre su vínculo con Succar Kuri sea falsa. A eso no se extiende la exoneración.
Además de insultos y señalamientos personales, muy propios del talante de Yunes, en que deliberadamente prefiero no detenerme, la carta del funcionario contiene un desafío que denota que el valor que se concede a sí mismo está muy por encima de su responsabilidad gubernamental. Hace apenas dos semanas fue designado secretario ejecutivo de un mecanismo de coordinación institucional que es parte de la hasta ahora insuficiente respuesta del Estado a la inseguridad de las personas y sus bienes. Yunes está dispuesto a abandonar la función para debatir con Chuayfett. Ambos fueron elegidos en la planilla priista diputados plurinominales en 2003.
Al desbarrancarse junto a Elba Ester Gordillo, de cuyo equipo forma parte, Yunes pidió licencia en la Cámara. Y ahora se muestra valerosamente dispuesto a recuperar su curul para discutir su caso personal con el líder de los diputados de su antiguo partido, como si ese caso personal fuera un tema de trascendencia nacional.
Por lo demás, la acusación de cobardía que endilga a Chuayfett se le revierte, pues si es verdad que el ex gobernador mexiquense no le reprochó nunca el estar “referido” en documentación ministerial recogida en Los demonios del Edén, fue mucho mayor el lapso en que Yunes guardó silencio sobre la responsabilidad del hoy ex secretario de Gobernación, su correligionario entonces, en la matanza de Acteal, ocurrida en diciembre de 1997.
En septiembre de 2003, a despecho del anhelo de Chuayfett, Yunes fue nombrado por Gordillo presidente de la comisión de puntos constitucionales de la Cámara, que el mexiquense se sentía especialmente calificado para ocupar.
Cuando la rueda de la fortuna dio la vuelta, Yunes fue destituido de ese lugar por el dirigente que reemplazó a Gordillo, Chuayfett mismo. De ese tamaño, un pleito personal es el nuevo episodio entre ambos, pero sirve para recordar el tema de fondo.
