La campaña electoral y las fases del proceso posteriores a la jornada de emisión y recepción del voto han producido un saldo negativo, evidente en la polarización del sector participante de la sociedad, cuya crispación es ya peligrosa. Pero también ha reavivado a una porción muy consciente de la ciudadanía que con varias iniciativas busca incidir en las secuelas de aquel proceso.
Algunas se refieren a las de carácter formal (ayer, por ejemplo, consigné la más reciente manifestación del Comité conciudadano de seguimiento al proceso electoral: su instancia al Tribunal de esa materia para que haga transparente su actuación). Otras atienden el riesgo de descomposición social que se cierne sobre nuestro país a causa de la perversión del fenómeno electoral, que debiendo ser fuente de concordia (porque los diferentes convergen en la construcción de las instituciones comunes) se ha convertido en su contrario. Me refiero hoy en particular al grupo Ciudadanos por el diálogo, que se define a sí mismo como “apartidista y autónomo, libre de tutelajes, abierto, incluyente, plural y comprometido que se dispone a contribuir a la distensión política y a promover un clima de diálogo e interlocución para la transformación y progreso del país”.
En su presentación al público, ocurrida anteayer, ese grupo se propone “participar de manera activa en la construcción de un clima de civilidad y conciliación”. Rechaza “profundizar la confrontación alimentando los extremos. Por el contrario, fortalecidos por la diversidad de nuestras posturas, pedimos que sin exclusiones y con pleno reconocimiento de la realidad que hoy vivimos y que está fuertemente unida de pluralidad se evite, por todos los medios, llegar a una salida autoritaria y violenta”.
Propone que “sea la vía del diálogo y la negociación el único camino viable para construir acuerdos” e insta “a las partes para que hagamos a un lado el encono y que con civilidad y respeto a la Ley construyamos puentes para encontrar soluciones”. Firmaron ese llamamiento Luis F. Aguilar, Sergio Aguayo, Silvia Alonso, Alberto Athié, Miguel Basáñez, Miguel Concha, Emilio Dehesa, Rafael Fernández de Castro, Mario Luis Fuentes, Rossana Fuentes Beráin, Manuel Gómez Granados, Gerardo Gil, Francisco Hernández Juárez, Clara Jusidman, Ari Kahan, Cecilia Loría, José Ignacio Mariscal, Gastón Melo Medina, Alberto Montoya Martín del Campo, Alejandra Moreno Toscano, Juan Orozco, Olga Pellicer, Adalberto Saviñón, Cecilia Soto, Luis Javier Solana, Rodolfo Tuirán, Álvaro Urreta Fernández y Nina Zambrano.
Juzgo conveniente presentar la lista de los firmantes como aval de la seriedad de su empeño: desde diversas posiciones han mostrado vocación de servicio, han explorado vías de organización civil y política, han sido activistas de causas necesarias. La concreción de su propósito requiere transitar por una vereda erizada de obstáculos. El motivo principal de su preocupación: la creciente crispación del ánimo social es su escollo más eminente, porque la tensión nerviosa genera desconfianza. Para evitarla e impedir la frustración de su propósito, a mi modo de ver, su actuación debe ser complementaria y oportuna.
Lo primero quiere decir que Ciudadanos para el diálogo, como lo sabe el propio grupo, se suma a otras iniciativas semejantes, que deben potenciarse con sinergias eficaces. También saben que “es indispensable agregar a la democracia representativa la fuerza de la democracia participativa”. Y este es un momento ideal para hacerlo: La democracia representativa ha comenzado a actuar en busca de acuerdos, así sean en este momento meramente funcionales. Los grupos parlamentarios tienen que convenir la organización de las Cámaras en un proceso que si es mecánico, si no atiende las tensiones de la hora las acrecentará.
Quizá Ciudadanos para el diálogo pueda tender en ese caso el primero de los puentes que busca construir. La elección de Junta de Coordinación Política y de Mesa Directiva en ambas Cámaras es de señalada importancia, desde que entró en vigor la Ley Orgánica del Congreso hace ya un sexenio.
En las dos Legislaturas establecidas en ese lapso las bancadas mayores, del PRI y del PAN se han unido y con ello, marginado a la del PRD.
Hasta se infringió la Ley mencionada con tal de evitar que legisladores perredistas presidieran la Mesa Directiva por el periodo anual establecido. Pretextaron para hacerlo el tamaño de la fracción democrática, tercera en magnitud. Hoy que es la segunda está en riesgo de recibir el mismo trato. Es que quien presida la Cámara encabezará el Congreso, dirigirá la previsiblemente agitada sesión inicial del primero de septiembre, dará respuesta al informe postrero de Fox y tres meses más tarde, recibirá del Ejecutivo saliente la banda presidencial para entregarla al sucesor. No obstante que ese desempeño reforzaría la institucionalidad del grupo perredista, hay aprestos para negarle la presencia que ha correspondido a las dos primeras fuerzas. Y, para ser oportuna, la actuación de Ciudadanos para el diálogo debe sintonizarse con el calendario oficial.
En una cruel paradoja, demandar de las partes (especialmente de la coalición que actúa como agraviada) la atenuación de su protesta sería una invitación desatendida y aun generadora de desconfianza. Hay que aguardar a que la formalidad se despliegue completa, que el Tribunal diga la última palabra, ese Tribunal que debe dar certeza a los ciudadanos “de que su voto fue respetado”.
