Con su habitual desparpajo cínico, el Führer del Partido Acción Nacional, Manuel Espino (¿qué pecado habrá cometido el PAN para merecer tal Duce? forzó los hechos y la lógica para sugerir que el narcotráfico permitido por el Gobierno de Venezuela financia la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Es que el martes pasado quedó detenido en Ciudad del Carmen un avión procedente de Caracas con cinco toneladas y media de cocaína. Y en el aeropuerto de la Ciudad de México un persona que trabajaba sin rango alguno en el Gobierno del Distrito Federal fue sorprendido con cuatro kilos de ese mismo alcaloide, que trasladó desde la propia capital caraqueña.
Espino, que ni siquiera lee los diarios, se apresuró a sacar brillantísimas conclusiones: “El que en plena campaña pasen este tipo de incidentes simplemente nos dan la razón cuando hemos pedido a las autoridades que se investigue, porque es muy extraño que un funcionario capitalino ahora aparezca inmiscuido en la recepción de una carga tan fuerte de droga proveniente del aeropuerto de Maiquetía en Venezuela.
“Nos parece muy extraño que en un aeropuerto tan cuidado por el Gobierno de Venezuela salga con toda tranquilidad un avión cargado con esas maletas llenas de cocaína; ahí hay razón para seguirse preocupando por el vínculo que pudiera haber entre el Gobierno de Venezuela, la campaña de Andrés Manuel y el financiamiento de la campaña del candidato del PRD”. (Reforma, 13 de abril).
Si cayeramos al nivel ético y lógico de Espino diríamos, con base en los mismos hechos, que la carga de cocaína (las cinco toneladas y media, no los cuatro kilos del empleado capitalino) obligan a investigar el financiamiento de la campaña de Felipe Calderón, porque quienes efectivamente pretendían recibir en el puerto campechano el fuerte cargamento, son pilotos de la dirección de la Comisión Nacional del Agua, cuyo titular es Cristóbal Jaime Jacquez, amigo personal desde los tiempos de una importante empresa refresquera de Vicente Fox, el mayor y más asiduo (no diré que el más eficaz) propagandista de su correligionario Calderón. Por supuesto que la distancia que guardo con los niveles de Espino me impiden arribar a esa conclusión, que sólo formulo como ejemplo del extremo a que conducen la mala fe y la desinformación del dirigente panista aun sobre hechos públicos recién ocurridos.
Más allá de la pretensión de conectar las campañas con estos hechos delictuosos, es menester aquilatar su gravedad. Podría efectivamente haberse establecido una ruta entre Venezuela y México, tal como lo denunciaron funcionarios de la PGR y la Secretaría Federal de Seguridad Pública en noviembre pasado. Como comprobación de lo dicho, esas oficinas federales anunciaron la captura de 585 kilogramos de cocaína en el aeropuerto de la Ciudad de México, procedente de aquel país sudamericano, la relación de cuyo Gobierno con el mexicano se deterioraba en aquel entonces. No puede saberse si el decomiso ocurrió porque a raíz de aquel anuncio se acentuaron las medidas de vigilancia o se armó la operación para efectos publicitarios, como ha ocurrido con otros episodios ministeriales, como la puesta en escena del rescate de víctimas de secuestro para que pudiera ser televisado.
El hecho es que el lunes de la semana pasada aterrizó en Ciudad del Carmen un DC-9, enorme avión de pasajeros que no servía ese propósito sino sólo transportaba carga. Su tripulación alegó problemas mecánicos para que se le autorizara bajar en ese aeropuerto, pero varias indicaciones muestran que en realidad cumplía una cita. Esperaban el cargamento, al parecer, ocho pilotos venezolanos (que se fueron súbitamente del hotel en que se hospedaron) y dos mexicanos, que hicieron trámites para trasladar la carga del DC-9 a un avión de menor capacidad pero más veloz, que el domingo había llegado desde Toluca, a donde pretendían volver, ya con su carga a bordo, los aviadores mexicanos.
Tras la revisión del aparato llegado de Caracas fueron halladas las cinco y media toneladas de cocaína y detenidos los pilotos mexicanos. Resultaron trabajar para la dirección de la Conagua, vínculo laboral que por supuesto no involucra por sí mismo al resto del personal de ese organismo, incluido su director. Llama la atención, sin embargo, que los aviadores hubieran sido contratados con meses de diferencia en 2003, poco después de salir de prisión. Habían pasado dos años en el penal de alta seguridad de La Palma, acusados de trasladar 70 kilos de cocaína de Panamá a México. Debe aclararse si fueron absueltos, exonerados de una acusación en falso como no es infrecuente que ocurra, o si una estratégica falla procesal (que igualmente menudean) les permitió eludir la justicia. De ser lo primero, honra a la Conagua el que haya permitido rehacer su vida a dos víctimas de la incuria ministerial. Si, por lo contrario, efectivamente cometieron el delito que se les imputó, su contratación en la Conagua fue al menos resultado del descuido.
Aparte ese antecedente, su presunta participación en el alijo de cocaína frustrado la semana pasada, importante de suyo, adquiriría mayor trascendencia si es verdad, como sospecha la agencia estadounidense antinarcóticos que ese cargamento es parte de la relación de negocios establecida entre la guerrilla colombiana (las FARC específicamente) y la banda de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que desde que se fugó hace cinco años del penal de alta seguridad de Puente Grande no ha hecho más que prosperar (Proceso, 16 de abril).
