El Siglo de Durango
Según 200 sentencias que ha emitido el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Durango en contra de servidores públicos, en todas y cada una el particular o demandante ha tenido la razón, de tal modo que los funcionarios aplicaron mal la norma o ley y destacan que el 85 por ciento de las mismas se refieren a cobros indebidos del Impuesto Predial en el Municipio de Durango, mientras el resto es contra autoridades estatales.
Hasta el momento, y desde que comenzó a operar el Tribunal de lo Contencioso en febrero de 2005, se han recibido 440 demandas en contra de los actos de legalidad que dictan las autoridades, tanto estatales como municipales, según informó la presidenta de este organismo, María de Lourdes Hernández Vázquez.
Durante 2005 se generaron 253 demandas y hubo sentencia en 200, de las que el 85 por ciento, todas, fueron en contra de la Dirección Municipal de Finanzas y Administración por el cobro indebido del Impuesto Predial, mismo que comprobó el demandante. El resto fue en contra de autoridades estatales y, en todas y cada una, el particular fue quien tuvo la razón.
Lo anterior indica y presume que pudieron haberse cometido actos de arbitrariedad o por falta de conocimiento de la normatividad, dijo la funcionaria, aspectos en los que las autoridades deben reparar; sin embargo, también se dieron a conocer las otras cifras para el 2006, que están en procedimiento y desahogo de pruebas.
En el periodo de enero a julio de este año se han recibido 187 demandas, en donde sigue destacando el Municipio de Durango con 150, aunque ahora se diversifican los actos reclamados en contra de distintas autoridades: Aguas del Municipio lleva el récord con 52 a causa de supuestos cobros indebidos; también está la Dirección Municipal de Finanzas, con 41 también, por el cobro de Impuesto Predial.
Además, veinte demandas por multas e infracciones al Reglamento de Tránsito; cuatro contra la Dirección Municipal de Seguridad Pública por supuesta baja infundada de elementos policiacos; una para la Contraloría Municipal por supuesta responsabilidad administrativa; otra para la Dirección de Servicios Públicos Municipales; también, contra la Subdirección de Vialidad; incluso, 14 contra el Secretario del Ayuntamiento de la Coordinación de Inspección Municipal.
En el caso del Gobierno del Estado también fueron señaladas autoridades por supuestos actos ilegítimos en responsabilidades de servidores públicos y bajas de elementos policiacos de la Procuraduría General de Justicia, así como de particulares en contra de la Secretaría de Finanzas por no haberse dado de alta en el Impuesto Sobre Nómina.
La entrevistada comentó que el Tribunal no aplica sanciones, única y exclusivamente determina si el acto legal que indica la autoridad está fundado o no. En el caso de 2005 se ordenó la nulidad de los 200 casos, mientras en este año aún las sentencias no se dictan ya que están en procedimiento jurídico.
Añadió que el Tribunal cuenta con un departamento de asesoría legal gratuita para personas de escasos recursos económicos, que lleva todo el procedimiento; lo anterior, cuando los particulares consideran que hubo cobros indebidos de impuestos estatales o municipales, cancelación de licencias para ejercer el comercio o clausuras injustas, decomisos injustificados, multas ilegales, incumplimiento de contratos, convenios administrativos que no se respetan, etcétera.
