EFE
KIGALI, RUANDA.- El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) halló ayer culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad al cura católico ruandés Athanase Seromba, y le condenó a una pena de 15 años de prisión, informó el portavoz de esa Corte, Bocar Sy.
Seromba es el primer párroco perteneciente a la Iglesia Católica sentenciado por cargos de genocidio ante una Corte internacional.
La Sala Tercera del TPIR, situado en Arusha (Tanzania), le condenó por los cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad en la modalidad de exterminio, mientras le absolvió del cargo de conspiración para cometer genocidio.
?La Sala consideró un factor agravante el hecho de que fuera un religioso muy conocido en su comunidad y en el que muchos feligreses confiaban?, señaló Sy.
En 1994, el condenado estaba encargado de la parroquia de Nyange, en la localidad de Kivumu, en la provincia occidental de Kibuye.
Huyendo de las masacres, más de dos mil personas, la mayoría de la comunidad tutsi, abarrotaron la iglesia, que a partir del 15 de abril fue sometida a ataques regulares por parte de militares y milicias ?Interahamwe?.
Según la Fiscalía, el cura ordenó el derribo de la parroquia con máquinas excavadoras, tras lo cual los pocos supervivientes fueron rematados.
Entre 500 mil y un millón de tutsis y hutus moderados, según distintas fuentes, murieron masacrados con machetes y armas de fuego por milicias extremistas, soldados y la propia población civil durante el genocidio ruandés y muchos de ellos murieron en iglesias en las que habían buscado refugio.
PARTICIPACIÓN
En tribunales nacionales, la participación de la Iglesia Católica en el genocidio fue puesta de manifiesto por la justicia belga, que condenó en 2001 a dos monjas ruandesas a entre 12 y 15 años de cárcel por su papel en las matanzas.
Pero esta es la primera vez que el catolicismo veía a uno de sus miembros sentarse en el banquillo del TPIR, que sólo ha juzgado hasta ahora a otro religioso, el pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Elizaphan Ntakirutimana, condenado a diez años de prisión en febrero de 2003.
Seromba, de 42 años, se encontraba acogido desde 1997 en la diócesis italiana de Florencia, pero ante la presión de la entonces fiscal del TPIR, Carla del Ponte, sobre las autoridades eclesiásticas, el religioso se entregó voluntariamente al Tribunal el siete febrero de 2002.
