Tres caras tiene el conflicto minero. La primera, la más importante de todas, es la muerte de 65 personas que iniciaron su tarea en el tercer turno del sábado 18 de febrero y no salieron más de la mina número ocho de la Unidad Pasta de conchos, en Coahuila. Sabían del peligro en que se hallaban, tanto que habían previsto suspender sus labores a las cuatro de la mañana del domingo, en protesta por la inseguridad en que trabajaban. La muerte se les adelantó dos horas.
Y sus cuerpos siguen sepultados allí, pues las tareas de rescate están suspendidas por la explosividad de los socavones, la misma que era conocida y había sido denunciada por las víctimas, según lo comunicaron a sus familiares. Esa cara humana del conflicto muestra la pesadumbre de los deudos, cuyos ánimos oscilan entre la resignación y la furia, porque se han sentido manipulados por las empresas, Industrial Minera México y General de hulla, patronas de los trabajadores sacrificados.
Veinticinco de ellos pertenecían al sindicato minero, y treinta y seis eran empleados por una empresa contratista, cuya operación era autorizada por el propio sindicato, que se hacía pagar la aminoración de su materia de trabajo. Los cuatro restantes eran miembros del personal de confianza. Los familiares de todos temen que el paso de los días conduzca a renunciar al rescate de los cuerpos, exigido por los parientes en una actitud que puede chocar con la conveniencia operativa y financiera del Grupo México.
Cuando la tragedia llegue a uno de sus extremos -la recuperación de los cadáveres o su ocultamiento entre escombros para siempre- la cara humana del conflicto no habrá concluido. Es que condiciones análogas a las que causaron la tragedia están presentes en otras minas de la región y en los pozos, una forma empeorada de la explotación del carbón y de las personas, realizada en tiros verticales sin protección alguna, donde los accidentes son frecuentes y pocas veces trascienden.
Durante la primera semana posterior a la tragedia, cuando se conservaba la esperanza de hallar con vida a los 65 mineros, de modo artero el Grupo México deslizó la información que haría evidente un problema interno en el sindicato, segunda cara del conflicto minero.
Se trata de inconformidades contra la dirección sindical, a la que se acusa de malversar fondos propios de todos los mineros. Es paradójica la intervención del grupo empresarial en la difusión de ese descontento, porque su renuencia a cumplir una obligación contraída al adquirir empresas gubernamentales dio pábulo al problema. En 1988 y 1990, respectivamente, Grupo México adquirió las empresas cupríferas de Nacozari y Cananea. El comprador quedó comprometido a ceder el cinco por ciento del capital de cada empresa a los trabajadores en activo en los momentos de la privatización.
Durante cerca de quince años el Grupo litigó para evitar entrega del monto de las acciones y los intereses causados por su mora. Después de dos huelgas que sumaron mes y medio de duración, se llegó al final del problema, con el depósito de 55 millones de dólares a nombre del sindicato. Anteayer el consejo de vigilancia de la organización ofreció un informe sobre la situación y el destino de esos fondos: a partir de julio de 2005 ha entregado alrededor de 22 millones de dólares a quienes acreditaron su derecho. Están depositados en cuentas propias del sindicato, según dijeron los consejeros, unos 25 millones de dólares. Y se destinaron más de siete millones a los gastos de los juicios que hicieron posible el cumplimiento de la obligación empresarial.
Ignorantes de esa información o inconformes con ella, disidentes de varias secciones emprendieron una ataque en doble vía contra Gómez Urrutia: lo denunciaron penalmente y, aunque ganó una suspensión provisional por eventuales órdenes de aprehensión, el dirigente podría ser detenido al cabo de las averiguaciones previas que, en el orden federal según información del propio procurador general de la República incluyen operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por otro lado, con la ostensible complicidad de la autoridad laboral simularon una decisión del consejo de vigilancia que destituyó a Gómez Urrutia y colocó en su lugar a Elías Morales, que en 1999 había sido expulsado del sindicato.
Él mismo se encargó de dar cuenta de las dimensiones de su movimiento cuando se enorgulleció de que cinco de las 130 secciones del sindicato no acataran el paro nacional minero ordenado por Gómez Urrutia. La aberrante decisión de la secretaría del Trabajo de tomar nota de aquellos movimientos sin contar con la documentación que la sustentara ha generado los hechos que se aprecian en la tercera cara del conflicto minero.
Afectados por la decisión de reconocer la ilegal permanencia de Víctor Flores en la presidencia del Congreso del Trabajo, centrales y sindicatos que buscaban la renovación de ese órgano político laboral se agruparon en torno de Gómez Urrutia, echado de su cargo con argumentos insostenibles. Y a ellas se agregaron fuerzas del sindicalismo independiente -la Unión nacional de Trabajadores y el Sindicato Mexicano de Electricistas, señaladamente-, para formar un amplio frente que puso al presidente Fox un ultimátum: o despide al secretario Francisco Xavier Salazar, al que ya no consideran interlocutor por su arbitrario injerencismo, o irán a un paro nacional, que afectaría actividades estratégicas del país. El presidente se niega a hablar con los dirigentes que lo emplazaron.
