El operativo de Fuerza pública que el viernes pasado intentó el desalojo de las instalaciones de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas en el Estado de Michoacán, sigue siendo motivo de comentario en razón del saldo sangriento que trajo como consecuencia.
La acción que estuvo a cargo de la Policía Federal Preventiva, tuvo por objeto el cumplimiento de la resolución de un Tribunal laboral que declaró ilegal el paro que hicieron algunos obreros de Sicartsa en apoyo del líder Napoleón Gómez Urrutia y ordenó la desocupación de las instalaciones referidas que se encontraban en manos de los huelguistas.
Lo anterior implica conforme al Estado de Derecho, que es una obligación del Gobierno en todos sus niveles, el ejecutar la desocupación física de bienes muebles e inmuebles indebidamente usurpados. Así lo demanda jurídicamente el grupo empresarial Villa Acero que anuncia la posibilidad de cancelar las operaciones de la planta, ante lo que asegura constituye una pérdida de sesenta millones de dólares generada en los últimos dos años, como resultado directo de la lucha intersindical.
Al operativo concurrieron en apoyo Fuerzas del Gobierno de Michoacán y en ese marco se produce la confesión del recién destituido coordinador de la Policía Ministerial de ese estado, Jaime Liera Álvarez, en el sentido de que llevó diez hombres con armas de fuego bajo instrucciones de “disparar a los pies”, en virtud de lo cual el ex jefe policiaco se declara “moralmente responsable”, minimizando hasta el soslayo la responsabilidad jurídica y política que le corresponde como funcionario clave de un Gobierno Estatal de signo partidista distinto al del presidente de la República.
Esta confesión arroja suficiente luz para entender que los problemas que plantea la actual realidad nacional, implican la corresponsabilidad de todos los actores involucrados, contrario a las reacciones iniciales que en forma simplista, culparon al Gobierno Federal.
Entre dichas acusaciones resalta la declaración de Porfirio Muñoz Ledo, que de paso por esta ciudad expone que lo ocurrido mancha con sangre al Gobierno de Fox y enseguida, hace una comparación desconcertante entre este lamentable suceso y el caso de los campesinos de San Salvador Atenco, que al principio del sexenio se opusieron esgrimiendo machetes a la construcción de un aeropuerto en el Estado de México.
Ambos casos tienen como origen común, una provocación por parte de sectores de Oposición empeñados en hacer fracasar la transición hacia la democracia plena, a base de empujar al actual Gobierno a formas de represión que en el pasado existían no por defecto sino por sistema.
En el caso del Aeropuerto de Atenco, el Gobierno Federal tenía en sus manos una mera propuesta sin rango de obligatoriedad para nadie ni apoyo legal en resolución judicial alguna. Los campesinos además de los machetes, hicieron valer derechos ejidales que opusieron al intento del Gobierno por adquirir los terrenos respectivos a base de negociación o expropiación, lo que hizo desistir al Gobierno Federal, entre acusaciones por “debilidad” en contra del presidente Fox, que por fortuna no cayó frente a lo que fue una provocación evidente.
El caso de Sicartsa es distinto, porque la Fuerza pública se sustenta en sentencia de Tribunal competente, que declara la ilegalidad del paro que afecta a una planta industrial estratégica, como resultado de un conflicto al interior del Sindicato de Mineros en el que está en juego un liderazgo anacrónico y corrupto.
En el marco de la lucha por la Presidencia de la República, además de la que se atribuya al Gobierno Federal, resalta la responsabilidad histórica y política que toca a los protagonistas de las lucha sindical en el marco de un sistema corporativo caduco y la que corresponde al Gobierno local de Lázaro Cárdenas Batel, como sospechoso de un acto de provocación criminal con fines partidistas electorales, que enluta a las familias de los mineros muertos.
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